Javier Monzón ha declinado convertirse en presidente del grupo Prisa. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el dirigente no quiere hacerse cargo de la situación del grupo. Fuentes cercanas al consejo indican que Monzón exigía tener las tareas ejecutivas en exclusiva.
El actual presidente, Juan Luis Cebrián se aferraba a su plan de sucesión, lo que obliga a tener un período de convivencia entre ambos ejecutivos; algo a lo que el candidato de la banca se oponía en rotundo. Hasta se barajaba la posibilidad de que Cebrián pudiera pasar a ocupar un cargo editorial en El Pais, algo que también era rechazado por el candidato.
La hoja de ruta de la sucesión conllevaría que Monzón ocupara la vicepresidencia hasta diciembre, así como la de la comisión ejecutiva (cuya presidencia seguiría ostentando Cebrián). Una situación que para Monzón hacía poco aconsejable mantener su candidatura; algo que ha hecho saber por carta al consejo de administración.
La ampliación
La elección de Monzón era clave para garantizar la viabilidad de la ampliación de capital de 500 millones que prepara el grupo Prisa. En principio iba a ser suscrita por los principales acreedores (Santander, Caixa y Telefónica, entre ellos). Sin embargo, ahora todo está en el alero dado que la condición era contar con un presidente de consenso. De hecho, Amber Capital, el máximo accionista, no daba su respaldo a Monzón.
Aun así, la intención de Prisa es continuar adelante con los planes y lanzarla. A esta hora, y tras conocerse la noticia, los títulos de la compañía suben un 2,4% hasta los 3,43 euros por acción.
La victoria de Alierta
Las fuentes consultadas explican que el movimiento supone una pequeña victoria del expresidente de Telefónica, César Alierta. Éste maniobra junto al fondo Amber Capital (que ostenta el 19%) para hacerse con el control del grupo de comunicación.
La aspiración de Alierta es la de lograr la compra del 13% que ostenta la operadora en la compañía. Una venta a la que se ha negado sistemáticamente José María Álvarez Pallete. Sin embargo, de mantenerse la ampliación, se abre la puerta a que esa operación -dando entrada a algún nuevo accionista como el grupo Henneo- se pueda llevar a cabo.
También es una victoria para Juan Luis Cebrián. El actual presidente lleva más de un año en el alero por su inacción para lograr sacar a flote el grupo. Se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial y la deuda asciende a 1.500 millones de euros. De ellos, 960 millones vencen en 2018 y el grupo carece de capacidad económica para afrontarlos.
Hasta ahora los planes de Cebrián pasaban por lograr la venta de la editorial Santillana, la 'joya de la corona' de Prisa, y la única unidad del grupo que está en beneficios en este momento. Pero el consejo de administración ha rechazado hasta tres veces las propuestas de distintos fondos.
El pasado de Monzón
Javier Monzón había sido propuesto por la banca acreedora, liderada por Santander, pero también por Telefónica. Sin embargo, en el adiós a Prisa no sólo ha influido su opinión personal. También su turbio pasado como presidente de Indra, que incomodaba a algunos sectores del consejo de Prisa; y del Gobierno, que se habrían quejado por no haber sido informados de este movimiento.
Monzón fue sustituido al frente de Indra en enero de 2015 por decisión de Telefónica, su principal accionista. César Alierta, entonces presidente de la operadora, puso en su lugar a Fernando Abril-Martorell. Fue el punto final, con la aquiescencia del Gobierno, a 22 años en el cargo. Monzón ni siquiera llegó a mantener la presidencia de honor más allá de unos meses.
El caso Púnica, las pérdidas en Brasil y los contratos con empresas de los hijos de Felipe González y Jordi Pujol fueron clave para tomar esta decisión, pero desde entonces la cosa se ha complicado aún más tras conocerse las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su papel en la operación Lezo.
Indra estuvo implicada, según el sumario, en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando presuntamente la entrada de más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas instrumentales. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2013, con Monzón al frente.