Borrell ya testificó ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en junio de 2016, durante la instrucción del caso, en calidad de integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones, si bien alegó que no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.
En aquella ocasión, el exministro explicó a la sala que no pudo asistir al encuentro del 23 de septiembre de 2015 al encontrarse en Barcelona en la presentación de uno de sus libros, razón por la que delegó su voto en un consejero, que apoyó las indemnizaciones del expresidente (11,4 millones) y del que fuera consejero delegado (4,5 millones).
Por error, Borrell también figuró en la nómina de investigados por el juez Ismael Moreno en el marco de una segunda causa independiente por supuesta falsedad contable en Abengoa,- especializada en energía y medioambiente-; sin embargo, dos meses después, el pasado enero, la sala puntualizó al instructor que las pesquisas debían limitarse únicamente a la antigua cúpula de la compañía y no al exministro.
La sección cuarta de la sala de lo Penal juzgará desde el próximo lunes a Benjumea y Sánchez Ortega, para quienes la Fiscalía pide cinco años y cuatro años y tres meses de prisión, como presuntos autores de un delito de administración desleal, cargo que también pesa sobre los tres miembros de la comisión que, a diferencia de Borrell, sí estuvieron presentes en el momento del acuerdo.
Se trata de quien fuera presidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones en la época Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles, éste último expresidente de la compañía sevillana, que se enfrentan a peticiones de entre tres y cuatro años y medio de cárcel por idéntico delito.
En el auto de procesamiento, Lamela puntualizaba que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, ya que un mes después de dejar su cargo, Ortega firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondería como consejero delegado.
Por lo que respecta a Benjumea, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado, cargos por los que recibiría una retribución bruta anual de 1.086.000 anual y mantendría su cotización a la Seguridad Social.
Estos vínculos suponen que la relación contractual de ambos "no se había extinguido", precisaba la juez, por lo que no cabe aceptar que tuvieran que recibir indemnización alguna.
Según la titular del juzgado central de Instrucción número 3, de lo que se trató es de que "Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante, máxime en un momento tan delicado por el que pasaba Abengoa -poco antes del preconcurso de acreedores- y le fueran respetados el máxime de derechos dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros".