Sánchez Ortega, que ha comenzado a declarar a las 12:20 horas, es el primero de los cinco acusados en enfrentarse a un interrogatorio en el que explicará los detalles de la indemnización percibida tras su cese en 2015 y por la que la Fiscalía pide para él cuatro años y tres meses de cárcel.

Según consta en el escrito del fiscal José Perals, tanto Sánchez Ortega como el expresidente Felipe Benjumea, se favorecieron de sendas indemnizaciones millonarias de 4,5 y 11,4 millones de euros, respectivamente, a sabiendas de que la compañía "ya atravesaba una grave crisis".

Irregularidades en las que habrían participado tres de los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la época: su presidenta, Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros, Alicia Velarde y Antonio Fornieles.

Apenas minutos antes, la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo, ha rechazado buena parte de las pruebas documentales solicitadas por las acusaciones, entre ellas el informe elaborado por KPMG Asesores en noviembre de 2015 sobre la situación económica en la que se encontraba la compañía apenas dos meses antes coincidiendo con los ceses.

Prueba que, según ha explicado el abogado de la Plataforma de Afectados por Abengoa, Eliseo Martínez, mostraría que "el colapso era previsible y que los acusados debían tener perfecto conocimiento de ello como gestores", y ha destacado que la falta de viabilidad de Abengoa, que solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015, "no fue como un rayo que cayese del cielo, sino que había indicios anteriores para los miembros del Consejo".

Razones por las que esta acusación particular también había propuesto requerir a la compañía información acerca de la repercusión contable de varios proyectos en Brasil que motivó ajustes en las previsiones por importe de 700 millones de euros, y del deterioro de 1.200 millones ocasionado por la participación de Abengoa en sociedades filiales a finales de año.

Tras Sánchez Ortega, le llegará el turno a Benjumea, para el que el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.