Gracia, que se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de tres años y medio de cárcel, ha precisado que las entidades financieras implicadas en la ampliación de capital de 650 millones de euros en 2015 pusieron como condición la salida de Benjumea de la presidencia, que ostentaba desde 1991. "Nadie queríamos cesarle pero no recuerdo que hubiera ninguna discrepancia (en la decisión)", ha dicho a preguntas de las partes.
En sintonía con lo expuesto por Benjumea en su declaración de este martes, la exdirectiva ha reconocido que en muchas ocasiones el Consejo de Administración "habló a sus espaldas" porque no quería provocar su marcha pero la condición del Banco Santander para firmar la operativa era clara. Además ha dicho que esta era "absolutamente necesaria" porque había líneas de crédito pendientes.
A preguntas del fiscal José Perals, Gracia ha dicho que la situación de la empresa en septiembre de 2015 era "buena" pero se había generado "desconfianza" en los mercados al dilatarse la operativa y que en esas fechas, la mayor compañía de renovables de España "estaba endeudada".
El Ministerio Público le acusa de informar favorablemente sobre los términos económicos de la renuncia de Benjumea como presidente (que percibió 11.484.000 euros) y del exconsejero delegado Antonio Manuel Sánchez Ortega (4.484.000 euros) así como de las condiciones de los nuevos contratos firmados por los dos directivos de prestación de servicios y asesoramiento, respectivamente. Al respecto la acusada ha matizado que ellos propusieron las condiciones pero fue el Consejo de Administración el que tomó las decisiones pertinentes.
SEGUNDOS CONTRATOS
Según Gracia, previamente a estos hechos el órgano se pronunció sobre los nuevos contratos para la alta dirección que incluían una serie de cláusulas para cobrar las indemnizaciones, y que, según denuncia el fiscal, fueron incumplidas para que los dos exdirectivos imputados en la causa cobraran las cantidades acordadas.
Sin embargo, la acusada ha asegurado que las nuevas condiciones agregadas a estos acuerdos tales como la bonificación por permanencia (que alcanzaba los siete millones de euros para Benjumea), la obligación de competencia post-contractual y la indemnización por cese anticipado son comunes en grandes compañías. "De 35 empresas del Ibex, en 20 tenían estas cláusulas sus directivos", ha dicho.
La que fuera presidenta de la Comisión ha puntualizado que el órgano no se pronunció sobre este segundo contrato de Benjumea, que fue aprobado directamente por el Consejo. Sí lo hizo con el del número dos del presidente porque éste seguía como consejero de la multinacional andaluza. A juicio del fiscal, con este movimiento los acusados consiguieron seguir vinculados a sus cargos aparentando su salida de la empresa como si fuera una condición impuesta por los bancos.