Según informaron a Europa Press en fuentes del mercado, la emisión, que contaría con al menos dos tramos -uno a cinco años y otro a diez-, cuenta con Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y el propio Santander como bancos colocadores.

Se trata de la segunda colocación de deuda senior 'no preferente' en dólares que acomete el banco que preside Ana Botín, pues el pasado mes de abril ya emitió 2.500 millones de dólares (2.128 millones de euros, según el cambio actual) en una operación que suscitó una demanda de 6.200 millones (5.277 millones de euros).

Adicionalmente, Santander colocó 1.500 millones de euros de este tipo de deuda en enero, 400 millones de francos suizos (347 millones de euros) en mayo y 500 millones de dólares australianos (347 millones de euros) en julio.

Las emisiones de este tipo de deuda permitirán al banco cántabro cumplir con la denominada capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, según sus siglas en inglés), un requerimiento exigible en el marco de Basilea III al conjunto de bancos de importancia sistémica global (G-SIBs), del que Santander forma parte como único representante español.

En enero, Santander ya comunicó que emitiría entre 43.000 y 57.000 millones de euros de deuda en 2017 y 2018 para cumplir con estos requerimientos TLAC, que entrarán en vigor en enero de 2019. Del importe global, las previsiones de la entidad proyectan la emisión de entre 28.000 y 35.500 millones en deuda 'senior no preferente' en los dos próximos años.

Este tipo de emisiones de deuda fueron aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia financiera el pasado mes de junio para facilitar a las entidades el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), que exigirá unos determinados colchones de capital a las entidades del Viejo Continente.

El nivel de dicho colchón vendrá determinado de forma individual para cada grupo bancario en función de su nivel de riesgo y otras características particulares, aunque por el momento se desconoce qué tamaño deberá tener.

El objetivo de estos requerimientos de capital es garantizar que las entidades disponen de capital suficiente para absorber posibles pérdidas y recapitalizarse por sí mismas (bail-in), sin la necesidad de ayudas públicas.