El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, señalado este miércoles que si en el caso de Banco Popular se hubiese recurrido a un concurso de acreedores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no habría podido cubrir los 36.000 millones de euros en depósitos inferiores a 100.000 euros de los que disponía la entidad, por lo que el Estado tendría que haberse endeudado.

"Eso habría tenido coste y no lo que pasó", ha dicho Guindos durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en referencia a la resolución y venta de Popular a Santander al precio simbólico de un euro.

Preguntado por el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, sobre el coste económico que tendrá, en el Impuesto de Sociedades, la venta del Banco Popular al Banco Santander, Guindos ha defendido que Popular habría podido recurrir a los créditos fiscales diferidos, conocidos como DTAs, incluso si no hubiera sido intervenido, por lo que ha insistido en que esta operación tuvo "coste cero" para el Estado.

"La posibilidad de utilizarlos no se ha visto alterada por su resolución y venta. El banco tenía el mismo derecho a monetizar sus DTAs, tanto antes como después de la resolución", ha dicho el ministro, asegurando que la conversión que registrará este año "es consecuencia de pérdidas contables que la entidad experimentó en 2016, por lo que también habría tenido lugar si no se hubiera producido la resolución".

Con la intervención, ningún tipo de ayuda pública 

Guindos ha asegurado que la resolución no tuvo "ningún tipo de ayuda pública ni garantía", y que en el caso de los DTAs su utilización, para aminorar la carga fiscal de las empresas o su exigencia ante Hacienda cuando se registran pérdidas contables o la entidad es objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada, se establece en la propia ley del Impuesto de Sociedades y, además, "no es el caso del Banco Popular".

Guindos ha explicado que en los casos de fusión por absorción, el Santander sí que puede acumular sus créditos fiscales con los del Popular, cumpliendo determinados requisitos, y con ciertas limitaciones, algo que también recoge la norma vigente.

En todo caso, el ministro ha defendido que estos créditos fiscales también reportan ingresos al Estado, por la comisión que deben pagar las empresas para poder computarlos como capital de máxima calidad.

El PSOE duda del destino de 30.000 millones de créditos fiscales

No convencido con la respuesta del ministro que aseguraba que la resolución no tendría coste, Saura ha acusado a De Guindos de "engañar a los españoles", algo que ha calificado como "muy grave". "Ahora nos vuelven a engañar", ha dicho, recordando la promesa de que el rescate no tendría tampoco coste.

"¿Cuántos de los 30.000 millones de euros en créditos fiscales con los que se está avalando a las entidades financieras se les está regalando a la entidad que ha adquirido el Popular?", ha dicho Saura, que entiende que se trata de "una transferencia de renta y de riqueza de los trabajadores a los poderosos"

"Es la marca de la casa de la política tributaria y presupuestaria del Gobierno, que es regalar a las entidades financieras y a los poderosos, y recortar el Estado del Bienestar", ha aseverado, criticando que en el nuevo plan presupuestario remitido a Bruselas el gasto social "sigue perdiendo peso en el PIB" mientras que "se sigue exprimiendo a las rentas medias y a los trabajadores".