La reforma eléctrica le cuesta al sector renovable 574 millones

Tres años después de la reforma del mercado eléctrico, el sector renovable ha realizado la liquidación del primer semiperiodo regulatorio y, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la cuenta sale a perder. Entre 2014 y 2016, las empresas del sector han dejado de ingresar 930 millones de euros bajo el esquema de rentabilidad razonable que se fijó en 2014, de los cuales 547 “no se recuperarán nunca”, ha señalado el presidente de la asociación, José Miguel Villarig.

“Nos falta seguridad jurídica. Se llama rentabilidad razonable, pero debería llamarse regulada, porque según los casos no se acompaña bien y lo que sí vemos es que en el primer semiperíodo liquidado no se ha cumplido”, ha señalado Villarig a periodistas durante la presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España correspondiente a 2016.

Esa cantidad podría ampliarse en otros 664 millones en el segundo semiperiodo (2017-2019) “por una irreal estimación del precio de la electricidad a futuro”, señala la asociación que considera que esta estimación “perjudica gravemente” al sector. Además, sostienen desde APPA, como ya ha expuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la estimación no es consistente con otras previsiones que maneja el Ministerio y muestra una “abierta contradicción” en la cartera que dirige Álvaro Nadal “al utilizar distintas estimaciones según conveniencia”.

Por otra parte, las instalaciones percibirán 356 millones del total a lo largo de su vida útil.

“No es que pidamos volver a cambiar todo, esto no nos da seguridad, pero es necesario mejorar los marcos normativos y vamos a persistir en esto”, ha agregado Villarig, que ha reiterado que la reforma energética de 2013 “fue injusta y recayó sobre unos más que sobre otros”.

Preocupación por la falta de diálogo

El presidente de APPA ha reiterado la preocupación de la asociación por la falta de diálogo con el Gobierno y que no se tengan en cuenta sus aportaciones para la necesaria planificación de la senda energética del país. “Hemos pasado a ser prioridad en los discursos políticos, pero no en la regulación”, ha asegurado Villarig. En este sentido, desde APPA se muestran críticos con la forma en que se han realizado las dos subastas de nueva potencia ‘verde’ de este año, “de forma casi especulativa”, al “no valorar el trabajo que se había hecho” y adjudicar la capacidad a nuevos proyectos en lugar de tener en cuenta algunos que ya estaban maduros.

“Las subastas no podrían haberse hecho peor”, sostiene el presidente de la asociación. Según Villarig, para poner en marcha los 8.000 MW adjudicados este año antes de diciembre de 2019 faltarán vías (desde grúas para plantar los aerogeneradores a hormigón). “No se pueden desarrollar de golpe 8.000 MW cuando venimos de un parón renovable”, sentencia.

Villarig se ha referido también a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética para subrayar la necesidad de “contar con un marco estable y predecible para que las empresas del sector realicen sus inversiones”. “Esperamos que la futura ley contemple los beneficios de las renovables, proporcione predictibilidad al sector y establezca una fiscalidad ambiental en el que quien contamine pague, dando señales claras al mercado de hacia dónde nos dirigimos”, ha señalado.

Además, respecto al autoconsumo, desde APPA aseguran que tienen la impresión de que el Gobierno está abierto a realizar un cambio normativo que permita su desarrollo, algo en lo que tienen esperanza especialmente por los miembros de la asociación que producen energía fotovoltaica y minieólica. Desde su punto de vista, hay margen de mejora en la normativa, especialmente en temas administrativos, pero desde el Ministerio de Energía no han concretado si realizarán algún cambio.

Consultado por la posibilidad de que la asociación se integre con la patronal eléctrica Unesa, que recientemente nombró como nueva presidenta a Marina Serrano, el presidente de APPA subrayó que si se acercan a conversar lo harán, pero que “no piensan en procesos de fusión”.

Aporte del sector renovable al PIB nacional

En 2016, el sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al PIB nacional, un 3,3% más que el año anterior, gracias en parte a la reactivación del sector con la subasta de nueva potencia celebrada en 2016 y el anuncio de nuevas subastas para 2017 y pese a que el sector “estuvo paralizado”, con la potencia casi estancada -sólo se sumaron 43 MW en el año-.

Según APPA, el sector renovable ahorró 5.370 millones en el mercado eléctrico durante 2016, por encima del importe que recibieron las empresas en concepto de retribución específica (5.360 millones). El año pasado, el precio medio del mercado eléctrico se situó en 39,67 euros por MW/h y sin la aportación renovable hubiera alcanzado los 61,17 MW/h.

Además, durante este ejercicio, el sector aportó 1.000 millones en fiscalidad neta y mejoró la balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros, según recoge el sexto Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España que ha presentado este jueves en Madrid la asociación.

En tema de fiscalidad, el presidente de APPA, ha demandado “el reconocimiento sobre el efecto depresor que tienen las renovables sobre los precios” de la electricidad en el mercado. “Si no hay una fiscalidad que castigue al que contamina, que se premie a los que no”, ha dicho Villarig en referencia a los impuestos “casi confiscatorios” que pesan sobre la actividad de generación renovable.

El empleo en el sector, en cambio, ha tocado fondo en 2016. Bajó 2.760 puestos, hasta los 74.566 trabajadores, y se sitúa casi un 50% por debajo del nivel de 2008. Según APPA, esa caída se debe al “fuerte ajuste” del empleo en instalaciones en funcionamiento que provocó la reforma eléctrica. Las tecnologías asociadas a la bionergía, más intensivas en empleo, han sido las más afectadas.

Por otra parte, el sector renovable evitó la emisión de 52,2 millones de toneladas de CO2. Esto se traduce en un ahorro de 279 millones en derechos de emisión, pero se trata de un valor más bajo de lo habitual debido al descenso de un 30% en el precio de la tonelada de CO2, señaló el director general de la Asociación, José María González Moya.