Los responsables de la multinacional no han concretado las cifras de posibles afectados por el plan de reestructuración -- de hasta 6.000 empleos en un total de 24 países--, y han emplazado a las centrales a una nueva cita el próximo lunes, según han informado a Europa Press fuentes de ELA.
Las mismas fuentes han precisado que la empresa ha asegurado que en el próximo contacto ofrecerá cifras y ha adelantado su intención de "comenzar a articular un proceso legal", por lo que creen que su intención es "plantear despidos". Además, han añadido que las plantas de Dinamarca y Gran Bretaña, que no están representadas en el comité europeo, ya conocen la repercusión que el plan tendrá sobre sus plantillas.
El grupo, que tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas en España, --600 en Gipuzkoa y Bizkaia-- dio a conocer este lunes sus resultados del primer semestre, en el que alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros en su primer semestre como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores y la filial eólica del grupo alemán, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.
Al término de la vídeoconferencia, ELA ha hecho público un comunicado en el que ha denunciado "la actitud de la empresa" que en "una situación tan crítica, provocada por su anuncio de despidos, no es capaz de trasladar información alguna a la parte sindical".
La central se ha opuesto a estas medidas y ha advertido de que apostará por el "mantenimiento íntegro del empleo" en las plantas del País Vasco y Navarra. "Entendemos que las instituciones deben de asumir como propio este objetivo. Es hora, de que con rigor y argumentos, frenemos el objetivo de la empresa. Nos toca garantizar el futuro de quienes trabajan en Gamesa y de sus empresas proveedoras", ha manifestado.
Además, ha recordado que, en su día, ya mostró públicamente su "preocupación" ante la absorción de Gamesa por Siemens, porque "en ese momento constatamos que tanto el futuro de la empresa, como su red de proveedores, se encontraban en una situación de incertidumbre".
Ha insistido en que, entonces, advirtió de "un proceso de venta de compañías que, en sus inicios, contaron con impulso público y ahora quedan en manos de empresas extranjeras" y de la falta de garantías de que "la sede social de la compañía" se fuera a ubicar en Pamplona o Vitoria, "como llegó a anunciar" el Gobierno Vasco.
Para ELA, "en escasos meses" se ha constatado que, "una vez más, las palabras de los responsables empresariales y de los responsables institucionales carecen de credibilidad" porque "en los últimos años" se han padecido "innumerables procesos de este tipo", en los que "se anuncia como positiva una operación que al poco tiempo genera repercusiones negativas en el empleo".