Nadal aviva la pelea por el carbón y activa el decreto para vetar a Iberdrola

El cierre de las centrales térmicas suma tensión a la relación entre el Ministerio que dirige Álvaro Nadal y las empresas eléctricas. Después de calentar el ambiente con una reforma del mercado del gas que para el sector no es más que un parche, el ministro no parece dispuesto a permitir que Iberdrola cierre sus dos últimas plantas de carbón en España y ha activado el decreto que endurece las condiciones para aprobar la clausura de las eléctricas. Y, además, se aplicará con retroactividad a todas las peticiones presentadas desde agosto.

La norma llega tres días después de que Iberdrola anunciara su decisión de cerrar todas las plantas de carbón que le quedan a nivel global, dos de ellas en España, y tan sólo horas más tarde de que el propio Nadal le mandara un recado a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán: el sistema eléctrico español necesita el carbón.

El envite de la eléctrica al solicitar la clausura de la planta de Lada (Asturias) y de Velilla (Palencia) ha topado con el ministro. Nadal ya había advertido de que el Gobierno no permitiría un cierre sólo por razones económicas y, en su opinión, Iberdrola había tomado una decisión "empresarial, pero nosotros decimos que debe ser compatible con la política energética, que es la que define el mix (de generación)". 

Ese mix lo componen las tecnologías que se utilizan para generar electricidad, desde la nuclear hasta la generación térmica con carbón o gas natural, y las renovables. "El Gobierno cree que necesitamos mantener el carbón dentro de nuestro mix de generación", ha señalado el ministro tras inaugurar este lunes la XLIV Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). 

Después de la batalla por el cierre de Garoña -que Iberdrola defendía por su inviabilidad económica y Endesa no y el Gobierno acabó zanjando el pasado agosto-, el cierre de las centrales térmicas era el siguiente duelo. Iberdrola, que había tratado de esquivar el decreto ley con el que Nadal amagaba desde mayo, se encuentra ahora con que, si Energía lo considera oportuno, podrá vetar los cierres de eléctricas que pretenda.

Su aplicación retroactiva ha llevado al Ministerio a pedir a la eléctrica vasca las cuentas de sus plantas térmicas de Lada y Velilla de los tres últimos años. Además de ponderar la seguridad del suministro eléctrico en ausencia de una central, el nuevo reglamento valorará si es un cierre que cumpla los objetivos medioambientales y del clima, además de la coherencia de los precios y el mercado eléctrico, según el borrador que Energía ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, para vetar un cierre, Energía podrá argumentar que amenaza al suministro o que puede impactar negativamente en el precio de la energía en el mercado mayorista y que acaba reflejado en la factura que pagan los españoles. 

La nueva norma sólo se aplicaría a las instalaciones de potencia superior a 50 megavatios (MW), ya que son las que requieren autorización para operar. Las dos térmicas a carbón que Iberdrola tiene aún en España y quiere cerrar suman, en conjunto, una potencia de 874 MW. A nivel global, el carbón representa actualmente sólo un 1,8% de su capacidad total y, entre enero y septiembre, un 1,5% de la producción eléctrica. Desde la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), Sánchez Galán se había mostrado este lunes confiado en que el Gobierno daría luz verde a ambas clausuras.

Desde el Ejecutivo argumentan que las decisiones de las empresas del ámbito energético rinden cuentas al interés general y deben ser acordes a los objetivos del país en este ámbito. Desde las empresas responden también con la Constitución en la mano: vetar el cierre de centrales va en contra de la libertad de empresa y de las normas europeas que instan a facilitar la entrada y salida del mercado.

Un real decreto sin apoyo

El ministro de Energía llevaba varios meses buscando, sin éxito, apoyo en el Parlamento para regular este asunto a través de una ley al considerar que son decisiones que impactan en el mix y, por tanto, son competencia del Parlamento y el Gobierno, pero ni Ciudadanos ni PSOE respaldaron esta iniciativa.

Aunque el propio Nadal subrayó que el Gobierno podía sacarlo adelante sin el apoyo de otros grupos parlamentarios (y, por tanto, sin rango de ley) cuando Enel -matriz de Endesa- anunció el cierre de las centrales de Compostilla (León) y Teruel antes de junio de 2020, el Ministerio parecía estar aguantando la norma hasta conocer el informe que preparan en la comisión de expertos para elaborar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Enel no era la única que planteaba desenchufar del sistema una central: Gas Natural anunció en junio el cese paulatino de la actividad en Anllares con un horizonte, 2019. 

De acuerdo con la nueva norma, cuando una compañía quiera cerrar una eléctrica, deberá presentar al Ministerio una memoria que justifique las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier índole para fundamentar ese cierre. Energía remitirá a Red Eléctrica, Enagás, CNMC y otros organismos implicados la memoria para que la evalúen también y, en función de sus dictámenes, tomará una decisión. Si deniega el cierre, Nadal abre la puerta a la transmisión de activos a un tercero mediante una subasta regulada. Pero, más aún, la nueva norma acepta establecer un esquema de compensación por la continuación de la actividad, "al menor coste posible", si no fuera posible la transmisión a un tercero mediante subasta.