Semana caliente en el sector eléctrico. Iberdrola anunció el pasado viernes su decisión de echar el cierre a todas las plantas de carbón que aún tiene a nivel global. La decisión sigue su estrategia descarbonización iniciada en 2001, defiende la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, y su apuesta por las renovables y la lucha contra el cambio climático. En España sólo le quedan dos plantas, la de Lada (Asturias) y la de Velilla (Palencia), que juntas suman 874 megavatios (MW). Su decisión, sin embargo, ha topado con el real decreto con el que el Ministerio de Energía llevaba meses amagando y que envió este lunes el borrador de la nueva norma a Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para que lo revise.

La norma, que endurece las condiciones para solicitar la autorización de cierre y se aplicará a la petición de Iberdrola, ha generado mucho ruido en el sector durante los últimos días por considerar que muestra de nuevo la falta de coherencia del Gobierno en política energética. "Por una parte impulsa el desarrollo de las energías renovables, pero por otra pone condicionantes a las decisiones empresariales de cierre de centrales que las compañías no consideran viables", ha señalado este jueves la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Tanto Endesa como Iberdrola han señalado en los últimos días que cumplirán las reglas que establece la legislación. Aun así, en sus alegaciones al Ministerio en respuesta al real decreto para regular el procedimiento de cierre de las centrales mostraron su inquietud por el sentido de la norma y su posible choque con las directrices de la Comisión Europea, que es contraria a que se rechace una petición de cierre si la razón es evitar un incremento en el precio de mercado.

La vía legal para vetar cierres no coherentes con la política energética

El ministerio de Energía llevaba desde antes de verano buscando apoyo para sacar adelante una norma con la que impedir que las eléctricas decidieran unilateralmente cerrar alguna de sus centrales. Sin el apoyo de Ciudadanos y PSOE, no le ha quedado otra que sacarlo adelante vía Real Decreto. El borrador está en manos de Competencia para que emita su informe en las próximas semanas.

Con el argumento de contar con “una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional”, la cartera que dirige Nadal ha diseñado una norma que amplía las razones por las que rechazar el cierre de una central eléctrica. Hasta ahora, la autorización administrativa se podía obtener si la clausura no afectaba a la seguridad de suministro eléctrico. Con el nuevo reglamento, se denegará si no se ajusta a la política energética, si afecta al precio del mercado eléctrico o a la competencia en el sector.

Aunque sólo es aplicable a aquellas plantas de más de 50 megavatios MW de potencia, afecta tanto al carbón como al gas y a las nucleares, poniendo el remedio preventivo a nuevos tira y aflojas como el vivido con el cierre de la central de Garoña -que Iberdrola quería desconectar por considerarla inviable económicamente y Endesa prefería mantener- que zanjó Nadal el pasado agosto.

Posible colisión con normas nacionales y europeas

El borrador del real decreto invoca a la Constitución y a la Ley del Sector Eléctrico de 2013 para recordar que, pese a la reconocida libertad de empresa, el suministro eléctrico es un servicio de interés económico general y la operación y cierre “no son ni pueden ser libérrimas”. Este es el mensaje que Nadal ha lanzado durante todo el año a las eléctricas: no dejará que se cierre una planta por motivos empresariales, debe ser compatible con la política energética.

Para las eléctricas, si bien está claro que corresponde al Ejecutivo la planificación de la política energética del país y cumplirán lo que marquen las normas, el Real Decreto podría ir en contra de legislación nacional y europea.

La libertad de empresa es una de las claves que alegan. Recogida tanto en la Constitución como en la Ley del Sector Eléctrico de 2013, donde se establece también que la producción de energía se desarrollará en régimen de libre competencia, piden al Gobierno permita la libre entrada o salida del mercado, según el criterio de sus propietarios.

Otra de sus críticas es que impedir el cierre de centrales va en contra de lo que la Comisión Europea establece en el Paquete de Invierno: “Las reglas de mercado deberán permitir la entrada o salida de las empresas de generación y suministro de energía en base a sus criterios sobre la viabilidad económica y financiera de la operación”. Los criterios de la Comisión rechazan denegar el cierre de una central si la razón es evitar un incremento en el precio del mercado ya que es una intervención estatal que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio.

Expertos legales consultados por este periódico indican que, una vez aprobada la versión definitiva del Real Decreto cuando concluya el periodo de alegaciones el próximo mes, cabría interponer recurso contencioso-administrativo contra la norma si así lo vieran pertinente los sujetos afectados.

¿Qué pasa si se deniega el cierre?

Según el reglamento, si el Ministerio resuelve denegar la clausura, la empresa titular debe continuar su explotación o transmitírsela a un tercero pudiendo para ello acudir al procedimiento de subasta que recoge la propia norma.

Si la subasta queda desierta, el Ministerio podrá autorizar el cierre de la instalación o adjudicar su explotación a un tercero fijando una compensación económica por continuación de la actividad “al menor coste posible”.

Contra la negativa al cierre cabe, en todo caso, un recurso por vía administrativa. Para volver a pedir una autorización de cierre el Ministerio establece un plazo de dos años salvo que concurran circunstancias excepcionales.

Asegurar el suministro con pagos por capacidad

Si lo que el Ministerio busca es la seguridad del suministro, la respuesta estaría, según las eléctricas, en fijar pagos por capacidad como contempla el Paquete de Invierno. Se trataría de un mecanismo de retribución que garantizaría la disponibilidad de electricidad en todo momento que disiparían la volatilidad y la incertidumbre.

La fiscalidad que pesa sobre la generación

Algo en lo que también coinciden ambas eléctricas es en mantener su petición al Gobierno de que revise la “elevada” fiscalidad que afecta a la generación de electricidad y que lastra la operación del parque de generación. Según Iberdrola, esta carga fiscal se traduce en un coste de unos 3.000 millones de euros al año para el sector. La situación es clave, sobre todo, para el caso de las nucleares que, como han señalado en otras ocasiones, se come casi la mitad de lo que facturan cada año (994 millones en el último ejercicio).

Para solventar esta situación, propone fijar una retribución regulada y estable que le permitan ser viable económicamente, ya que la tecnología nuclear será clave en la transición energética hacia la descarbonización que se ha comprometido en los objetivos de la Cumbre de París.