Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, Ignacio Ayala ha afeado la "impotencia" de las acusaciones, que "han realizado un relato en contra de los hechos" al tratar de "desacreditar" las pruebas, "poniendo de manifiesto que no tienen argumentos, fundamentos ni capacidad de contraponer ningún elemento científico o pericial".
Asimismo ha reprochado que expongan en el procedimiento hechos relacionados con la viabilidad de la compañía y la evolución de los estados financieros hasta el relevo en la presidencia -meses antes del preconcurso de noviembre de 2015-, al ser objeto de la causa por presunta falsedad contable que actualmente instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
En este sentido, ha dicho que las acusaciones pretenden "con la perversión de la prueba" que la sala "fije" tales hechos en su veredicto, con el objetivo de "confundir" y presentarlos como ya probados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos.
Sobre el papel de Benjumea, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por administración desleal, el abogado ha asegurado que "fueron otros" quienes le concedieron la indemnización de 11,4 millones de euros por cese anticipado, ya que "no votó su contrato, ni estaba tan siquiera presente cuando se adoptó el acuerdo".
De igual modo, ha insistido en que la marcha se produjo a fin de asegurar la ampliación de capital, y ha pedido a los jueces que "no confundan la educación del señor Benjumea" con que presentara su renuncia de forma voluntaria, ya que "no quedaba otro remedio" que acatar el cese impuesto por los bancos, liderados por el Santander.
Ayala ha denunciado además la existencia de una "teoría de la confusión" para identificar al expresidente con Inversión Corporativa -entonces accionista mayoritario de Abengoa en la que figura la propia familia Benjumea- y ha rechazado que éste "abusara de sus capacidades ni dispusiera" del patrimonio de la firma sevillana.
Prueba de esta "lealtad" ha remitido al contrato de asesoramiento a su sucesor, por el que "nunca cobró" cantidad alguna y cuya seguridad social fue abonada "por él mismo", lo que mostraría su "compromiso" con una compañía "que no ha quebrado ni ha concursado".
También han intervenido en esta sesión las últimas acusaciones particulares, que han solicitado que la responsabilidad civil recaiga de forma íntegra en los perjudicados y no en Abengoa, ya que la multinacional es sólo "un instrumento".
La letrada de Tarec Consultores y KTK ha señalado que la firma sevillana de renovables "era un intermediario entre los acreedores y el dinero" y que "no es la que ha sufrido el daño porque ni ha devuelto ni lo va a devolver" tras el acuerdo de la quita.
Así, ha cifrado en 76,2 millones la cuantía de la que debería responder la antigua cúpula, de los cuales Sánchez Ortega y los miembros de la Comisión tendrían que abonar 7,8 millones, y 14,8 millones Benjumea y los tres exconsejeros.
Además, ha pedido que el que fuera presidente de la compañía pague 53 millones en concepto de dividendos de Inversión Corporativa.
La sesión se retomará el jueves, con los informes de las defensas del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, y de los exintegrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que hacen frente a peticiones de hasta cuatro años y tres meses de cárcel. EFECOM
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