Guardado bajo siete llaves. Así está, y así va a seguir de momento el informe elaborado por Deloitte y que sirvió de base para la resolución del Banco Popular. ¿El motivo? Que el expediente administrativo que el Fondo de Resolución Bancaria (FROB) ha enviado a la Audiencia Nacional no contiene el documento más buscado.
Fuentes cercanas al proceso confirman a EL ESPAÑOL que en la documentación remitida se mantiene la confidencialidad de las partes más sensibles del proceso. Es decir, que aplica la doctrina ejercida por la Junta Única de Resolución (JUR), que señala la importancia de proteger determinadas informaciones por afectar a criterios contables o políticas comerciales que resultan comprometidas para el funcionamiento del Popular.
En esta operación había tres informes clave. El de Deloitte no se incluye; pero tampoco se levanta la ‘censura’ aplicada por la JUR sobre el que ellos mismos elaboraron, y en el que se analizaba el banco y se establecían distintos escenarios sobre su futuro. El tercero sí formará parte de la documentación: la declaración del BCE de que el banco era o iba a ser inviable.
El Frob, un intermediario
Una decisión que supone un varapalo para bonistas y accionistas que presentaron recurso contencioso-administrativo contra el FROB por la resolución del Popular. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que al organismo le resulta complicado enviar la documentación sin ‘censurar’, dado que no es el propietario de la misma.
Según fuentes jurídicas, el FROB actúa como un mero intermediario entre la JUR y el sistema financiero español. Es decir, una vez ordenada la resolución del Popular, el organismo español sólo ejecuta la decisión adoptada desde Bruselas. Por tanto, la documentación empleada y su propiedad corresponden a la JUR y sólo ella puede decidir su apertura.
Desde el FROB rechazan hacer comentarios sobre este tema, y se limitan a recordar que ellos han cumplido con la petición realizada por la Audiencia, y reiteran que su deseo es que este proceso se haga con la mayor transparencia posible. De hecho, su presidente, Jaime Ponce, ha solicitado por escrito y de forma oficial a la JUR que libere toda la documentación disponible; aunque como el resto de partes implicadas, sin éxito.
La justicia europea
Es ahora a la Audiencia Nacional a quien le toca mover ficha y decidir el siguiente paso. Distintos despachos de abogados involucrados en el proceso, y consultados por este diario, también dan por descontado que el expediente remitido no incluye el informe Deloitte. Sin embargo, todavía no han tenido acceso a la documentación, dado que el magistrado todavía no la ha remitido a las partes.
De hecho, muchos despachos no confían en que esto ocurra a corto plazo. Creen que la Audiencia podría esperar a que el Tribunal de Luxemburgo tome una decisión sobre la competencia del proceso. Varios despachos de abogados han solicitado la anulación del proceso de resolución ante este Tribunal europeo. En caso de admitir esos recursos a trámite, sería este tribunal quien tendría que posicionarse. Esto, en todo caso, no sucedería hasta dentro de varios años.