Según los registros de la CNMV, ya no figura como accionista destacado con esta estrategia ningún fondo, al no superar el umbral mínimo del 0,5% que marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en sus conteos. Este último es con fecha del pasado viernes 24 de noviembre, tres días después de acabar el veto del supervisor.
Desde el pasado 21 de noviembre, cuando empezaron a cotizar las nuevas acciones de Liberbank, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permite de nuevo operar en corto contra este valor tras levantar la prohibición que mantenía vigente desde días después de la resolución de Banco Popular el pasado junio.
No obstante, algunas operaciones estaban exentas del veto, razón por que las posiciones cortas sobre acciones de Liberbank se incrementaron al 3,18% el pasado 10 de noviembre, desde el 1,1% precedente.
En concreto, la prohibición impedía realizar ventas en corto y operaciones que creasen un instrumento financiero o estén vinculadas a un instrumento financiero y cuyo efecto, o uno de cuyos efectos, sea conferir una ventaja financiera a dicha persona física o jurídica en caso de que disminuya el precio o valor de las acciones de Liberbank, si bien existían una serie de excepciones.
De hecho, se permitía el incremento de las posiciones cortas cuando la creación o incremento de la posición corta en acciones estuviese cubierta con una compra equivalente en términos de proporción en derechos de suscripción o a través de instrumentos financieros derivados sobre índices o cestas de instrumentos financieros, entre otras salvedades.
La toma de posiciones cortas es una operativa bursátil que utilizan los inversores cuando prevén que el mercado va a bajar o está sujeto a mucha volatilidad. En líneas generales, consiste en pedir prestadas acciones de una entidad a cambio de un alquiler con la intención de venderlas y posteriormente recomprarlas más baratas.
El supervisor de los mercados españoles exige desde 2010 que se le comunique toda posición corta sobre cualquier cotizada española que exceda al 0,2% del capital social y hace públicas las que superan el 0,5% del capital.
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