Este segundo informe es posterior a la resolución y venta del Popular a Banco Santander y se centra en determinar si los accionistas y acreedores incurrieron en más pérdidas tras el proceso de liquidación que las que habrían sufrido en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a las normas nacionales de insolvencia.

Aunque todavía no existe una fecha concreta, su publicación está prevista durante el primer trimestre del próximo año y la JUR pretende publicarlo para demostrar a los mercados que la institución ha cumplido con la regulación europea en materia de resolución de entidades de crédito.

Por otro lado, las mismas fuentes han negado que exista un conflicto de interés por el hecho de que este informe 'ex post' vaya a ser elaborado de Deloitte, que también se encargó del estudio anterior a la liquidación, que condujo a la resolución de Banco Popular.

En concreto, señalan que se trata de dos estudios muy diferentes para los que se utilizan metodologías distintas, así como que lo único que tienen en común es que se analizan los mismos datos.

En cualquier caso, el informe se centrará en un escenario hipotético en el que se hubieran aplicado las leyes españolas sobre insolvencia para liquidar Banco Popular, por lo que no será comparable a los procedimientos de las entidades Popolare di Vicenza y Veneto Banca, que siguieron las normativas italianas de insolvencia.

El Panel de Apelación de la JUR anunció este miércoles que permitirá a Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, así como a la Mutualidad de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades el acceso parcial al primer informe.

Sobre esta cuestión, la JUR ha señalado que está "analizando" los pasos a seguir en los próximos días, según ha informado en un comunicado.

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