Los hermanos Higini y Ramon Cierco consideran que el procedimiento se realizó sin respetar las garantías establecidas por la normativa comunitaria al efecto --la directiva de reestructuración y resolución de entidades de crédito--, de obligado cumplimiento en el país andorrano al utilizar el euro como moneda, según publica 'El Confidencial'.

Los antiguos propietarios de BPA, representados por el despacho de abogados Ontier, argumentan que la transposición de la directiva europea que dio lugar a la ley andorrana de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias --herramienta legal en virtud de la cual se está llevando a cabo el proceso de resolución de BPA-- "omitió algunos preceptos y mecanismos legales que Europa sí prevé" y que su supresión comporta graves perjuicios a quienes eran accionistas del banco.

Los Cierco destacan que esta ley fue aprobada de urgencia por el Principado de Andorra, "'ad hoc' para el caso" y una vez que ya había intervenido BPA pero con efectos retroactivos respecto a esta entidad, suspendiéndose incluso el procedimiento concursal en el que se encontraba inmersa, que fue sustituido por el sistema de resolución incorporado al derecho andorrano en aquel momento.

Argumentan que la "defectuosa" transposición de la legislación europea, de la que se derivaron pérdidas multimillonarias para los Cierco, constituye un incumplimiento del acuerdo y una vulneración del derecho comunitario que, a su juicio, no han sido debidamente denunciados por las instituciones responsables de hacerlo.

Han explicado que elevarán ante la UE su reclamación por la nacionalización de BPA para que cumpla con sus obligaciones de vigilancia y control del cumplimiento del acuerdo monetario.

Consideran que estas obligaciones no se cumplieron respecto a la transposición de la directiva de reestructuración y resolución de entidades de crédito, sino que la ley que aprobó al efecto "priva de importantes derechos a los accionistas de las entidades intervenidas que sí les reconoce la normativa comunitaria".

Por esta razón, les requerirán "su inmediata intervención", y han anunciado que, en caso de no proceder a ello, reclamarán la responsabilidad correspondiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).