La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que las nuevas medidas que ultima el Ministerio de Fomento para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y el taxi "no están justificadas" y, además, "restringen la competencia en el sector".

Así lo indica el 'superregulador' en el informe que ha emitido sobre el proyecto de Real Decreto que el Departamento que dirige Íñigo de la Serna prepara para solventar el conflicto abierto entre el sector del taxi y las empresas como Uber y Cabify ante las miles de licencias que estas firmas están obteniendo por vía judicial.

En el informe, la CNMC concluye que "los nuevos requisitos que Fomento impone a las empresas y particulares que prestan servicios alternativos al taxi para el transporte de viajeros en vehículos de turismo, los llamados VTC, restringen la competencia en el sector y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad".

Sobre la prohibición de vender licencias en 2 años

Respecto al impedimento para vender las licencias durante los dos años siguientes a la concesión, el organismo cree que acarrea un "incremento de los costes de salida del mercado para los nuevos entrantes -que tienen sus activos inmovilizados durante el plazo de dos años- erigiéndose de facto en una barrera de entrada al mercado".

Esta restricción afectaría únicamente a los nuevos entrantes, por lo que "se les discrimina respecto a los incumbentes, otorgándoles una clara ventaja competitiva", apunta la CNMC.

La norma impulsada por Fomento señala la necesidad de evitar que las licencias sean solicitadas con el "único y exclusivo" objeto de comerciar con ellas y no de explotarlas. Aun asegurando que no se aportan datos que sostengan esta afirmación, la CNMC advierte que desde Fomento no se ha puesto coto, por ejemplo, a un mercado secundario de autorizaciones en otras actividades de transporte reguladas, como el taxi. "Tampoco se explica en la norma el posible perjuicio para el interés público de la existencia de transacciones de licencias en un mercado secundario", apunta.

¿Por qué comunicar cualquier servicio de forma previa?

La otra medida a la que se refiere el organismo regulador es la obligación de comunicación a las comunidades autónomas de cualquier servicio de forma previa. "Supone una fuerte carga administrativa para los operadores al exigirles comunicar cada uno de los servicios que presten; comporta el riesgo de suponer una barrera a la competencia y a la movilidad geográfica".

La CNMC asegura que no se atribuye potestades a las comunidades donde están domicliados los titulares de licencias, sino a las comunidades donde prestan servicios, "que no pueden realizar ningún control al carecer de información completa de los servicios prestados". A esto, suma otro factor: "Puede suponer costes muy elevados de comunicación y, por ende, para la competencia (...); los vehículos ya tienen obligación de estar identificados y esta nueva medida de control de la movilidad doblemente innecesaria".

Recurso presentado, a la espera de resolución

El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que en otras ocasiones ya ha manifestado su "preocupación" por la regulación de las empresas como Uber en España.

Asimismo, remarca que tiene presentado un recurso, aún pendiente de resolución, contra la normativa aprobada en 2015, por la que el Gobierno volvió a regular el sector que se había liberalizado en 2009, y se impuso un ratio para la concesión de licencias de taxi y de VTC, a razón de una licencia de estas firmas por cada treinta que se otorguen a taxistas.