Según ha informado hoy el operador gasista en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la controversia con la administración peruana radica en que ésta no está conforme con reconocer la cláusula 20 del contrato de concesión del gasoducto, que permitiría a Enagás recuperar su inversión en este proyecto.
La cláusula establece que, en caso de terminación del contrato de concesión, que Perú declaró el pasado 24 de enero de 2017, se debe subastar la concesión en el plazo de un año desde la finalización, es decir el 24 de enero de 2018, y con lo que se obtenga pagar al concesionario hasta un máximo del valor neto contable de los bienes de la concesión, deducidos los gastos del proceso de subasta.
En todo caso, estaría garantizado el 72,25 % del valor neto contable, según Enagás, que ha señalado que, sin embargo, a día de hoy la administración peruana no ha avanzado lo suficiente en los trámites para calcular el valor neto contable y celebrar las subastas previstas en esa cláusula.
El operador gasista español ha añadido que, por este motivo, las obligaciones establecidas en la cláusula no se cumplirán antes del próximo 24 de enero, por lo que ha decidido poner en marcha los medios para recuperar su inversión y se ha acogido al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscrito entre Perú y España para intentar alcanzar un acuerdo amistoso.
Enagás, que espera llegar a ese acuerdo, ha agregado que, según los análisis e informes periciales de asesores externos jurídicos y financieros, con ello recuperaría su inversión y ratificaría sus objetivos de crecimiento del beneficio después de impuestos para 2017.
El Gobierno de Perú rescindió el 23 de enero de 2017 la concesión del GSP a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.
La constructora brasileña, con una participación del 50 %, Enagás y Graña y Montero, ambas con un 25 %, eran las compañías concesionarias para la construcción de este gasoducto, que suponía una inversión de 7.328 millones de dólares (6.856 millones de euros), pero el Gobierno peruano decidió rescindir el contrato por los escándalos de corrupción que afectaban a Obedrecht.