Victoria de los taxistas españoles en su batalla contra la compañía estadounidense Uber. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este miércoles que Uber es una empresa de transporte y no meramente una plataforma digital de intermediación, por lo que está obligado a obtener las licencias exigidas por la legislación nacional.

El servicio que ofrece Uber "está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes", sostiene el fallo. "De ello se desprende que, en el estado actual del derecho de la UE, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios".

Para la justicia europea, Uber no puede considerarse únicamente como un intermediario. No sólo crea una oferta de servicios de transporte que no existiría sin esta plataforma digital, sino que además ejerce una "influencia decisiva" sobre las prestaciones conductores. En particular, establece al menos el precio máximo de la carrera y controla la calidad de los vehículos y la idoneidad y comportamiento de los conductores.

La sentencia se refiere al servicio entre particulares de la compañía estadounidense (Uberpop), que en España está prohibido desde diciembre de 2014. La justicia europea avala este veto. Uber opera ahora en nuestro país con licencias de vehículos con chófer (VTC).

El litigio que ha resuelto el TJUE enfrentaba a Uber contra la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona. Los taxistas pedían que se prohíba de forma definitiva a Uber operar su servicio entre particulares por considerar que se trata de un caso de competencia desleal. Alegan que la empresa estadounidense carece de las licencias y autorizaciones necesarias y da los usuarios la "falsa imagen" de que actúa dentro de la ley.

Por su parte, Uber sostenía que el servicio que presta no es de transporte, sino de plataforma digital de intermediación, para lo que no necesita autorización previa para operar. El caso está siendo tramitado por un juzgado de Barcelona, que ha preguntado al Tribunal de Luxemburgo.

Un precedente para la economía colaborativa

El de los taxistas de Barcelona es el primer expediente que ha examinado la justicia europea sobre Uber. La sentencia marca un precedente para la regulación en la Unión Europea de la denominada 'economía colaborativa', que podría traducirse en un control más estricto sobre este tipo de actividades.

Pese a su derrota, el gigante estadounidense cree que el fallo del TJUE no va a tener un gran impacto porque en muchos Estados miembros, como ocurre en España, ya opera sujeto a la legislación sobre transporte. "Esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE", ha dicho un portavoz de la compañía tras publicarse la sentencia.

"Sin embargo, todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo consejero delegado, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades en toda Europa", ha agregado el portavoz.

El gigante estadounidense sostiene que el fallo no va a cambiar gran cosa, ya que en la mayoría de países de la UE, como ocurre en España, ya opera sujeto a la legislación sobre transporte. El nuevo consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, ya ha dicho que considera apropiado regular servicios como Uber. 

Por su parte, la Comisión Europea cree que la sentencia no puede aplicarse automáticamente a otros modelos de negocios en los transportes o en otros sectores de la economía colaborativa. Bruselas resalta que el fallo se refiere específicamente a los servicios de Uberpop, entre particulares. Y no necesariamente a otros modelos con conductores de taxi o licencias de VTC.

Bruselas examina desde hace meses varias quejas presentadas por Uber y otras empresas de la economía colaborativa contra los Estados miembros por considerar que restringen indebidamente su actividad. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha recibido denuncias contra cuatro países (España, Francia, Alemania y Hungría) en el sector del transporte y contra cinco (España, Alemania, Francia, Italia y Bélgica) en el sector del alojamiento.

"Estamos examinando cuidadosamente estas quejas y la evolución regulatoria y judicial en los Estados miembros en nuestro papel de guardián de los Tratados", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.