Duro Felguera niega haber sobornado a miembros del chavismo y el gobierno de Venezuela. Responde así a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales. 

Según el fiscal hay "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid del que eran clientes los políticos sobornados. Ahora la compañía asegura que puede "dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados", ya que se corresponden con la "ejecución de un muy importante contrato internacional". 

Además, asegura que todo ese soporte documental con el que cuenta la compañía "ha permitido su justificación documental, su registro contable, incorporación a la contabilidad oficial y única de la compañía, etc". 

Así mismo Duro Felguera sostiene en el Hecho Relevante remitido a la CNMV que "no hay conocimiento ni consentimiento de ninguna aplicación irregular o delictiva por parte de sus Agentes en Venezuela de los fondos con los que se les ha remunerado conforme a lo pactado". 

Al parecer, los hechos que investiga la Fiscalía se circunscriben a un contrato suscrito entre Duro Felguera y Electricidad de Caracas para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Venezuela. 

El escrito de la fiscalía detallaba cómo a través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) --también querelladas por estos delitos--, los responsables de Duro Felguera entregaron, al menos, 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos, otro querellado, para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía.

Unos pagos que se efectuaron, explica la empresa, por "contratos de arrendamiento de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica". 

Unos hechos que los servicios jurídicos de Duro Felguera derivan en que "no puede haber responsabilidad penal" de la empresa. 

Entre los querellados por el Fiscal se encuentran el ex presidente Ángel del Valle y su consejero delegado, Juan Carlos Torres.