La juez archiva la causa contra excúpula CAM por desvío de fondos al Caribe

La magistrada asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda limitar las pesquisas por supuesto delito fiscal a los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri, al exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, y al asesor Jaime Escribá, quien habría defendido la legalidad de las sociedades pantalla en Curazao para canalizar los beneficios del grupo.

El origen de la investigación se remonta a 2012, a raíz de la querella presentada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tras conocer el informe de Deloitte sobre las operaciones de la CAM con Valfensal - de la que la entidad poseía el 30 %-, que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo, entre otros.

Según el documento, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, alguna de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en parte a la financiación sin condiciones de la caja, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad, ahora apartado del caso.

Ahora la juez Lamela, tras valorar los peritajes y la prueba documental, sostiene que no existió "un perjuicio para la CAM y por consiguiente para el FGD, procedente del impago efectivo de los créditos".

De este modo, suscribe la versión de la Fiscalía sobre la "imposibilidad de evaluar el perjuicio económico resultado de las cinco operaciones a las que se refiere la querella" e incluso, de determinar si realmente se produjo dicho daño.

En la operación "Mare Nostrum" fueron detenidos además de los dos empresarios y López Abad, el ex director general de Empresas de la CAM Daniel Gil, por su "papel esencial" en las negociaciones con Valfensal, y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja César Veliz.

En opinión de los investigadores, Ferri y Baldó crearon una estructura fiscal apoyada en Escribá, autor de varios informes con los que los gestores de la CAM avalaron la legalidad de la sociedad ante los órganos de control, habilitando así líneas de financiación superiores a los 160 millones de euros para el grupo hotelero.

Una cantidad que se concentraría en la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México, y en torno a los cuales se habría producido un "delito fiscal de cierta relevancia" que alcanzó los 2,7 millones en 2011.

A fin de aclarar los pormenores de este presunto fraude, la magistrada ha emplazado a otras tres personas para el próximo 11 de enero, fecha en la que declararán en calidad de investigadas por primera vez desde el inicio de la causa.