Cecot, junto a otras organizaciones empresariales, presentó a principio de 2015 ante las instituciones europeas una denuncia contra el pago de los 1.350 millones de euros de indemnización por el almacén Castor porque, a su juicio, alteraba "la competitividad" y era "discriminatoria".
En abril de 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar dicha indemnización, decisión que la Cecot ve que se ha visto "apoyada" con la sentencia del TC conocida hoy.
En una nota de prensa, Cecot ha explicado que ha seguido el caso Castor por la incidencia que podía tener la indemnización en la factura del gas de las empresas y consumidores particulares en los próximos 30 años.
"Desde la Cecot, junto con otras organizaciones empresariales, se han seguido muy de cerca las gestiones del caso Castor por la incidencia de los consumos de gas en determinadas industrias que vieron incrementada su factura como resultado de una mala gestión de la administración del Estado", ha manifestado la patronal.
El presidente de la Cecot, Antoni Abad, ha afirmado que "si ha habido un problema de planificación y mala gestión por parte de la administración, el coste no lo deben asumir los consumidores de gas", por lo que debería ir a cargo de los presupuestes generales.