La llegada de la nueva política prometía traer a las instituciones españolas una ola de aire fresco y transparencia. Un compromiso por conseguir la mayor claridad para acabar con las puertas giratorias, los amiguismos, los pactos por la puerta de atrás y la mamandurria política.

Una promesa incumplida que ha servido para crear múltiples de intentos por aportar una facilidad de acceso a la información hiperburocratizada, y que sigue ocultando -por ejemplo- quien toma partido por una ley o por la otra. Todo un contraste con lo que sucede en las instituciones comunitarias, donde sí que existe la posibilidad de conocer todos los actores que tratan de influir en un sentido u otro a la hora de redactar una normativa.

El famoso lobby en el que las grandes empresas, asociaciones y otros grupos de interés gastan cada año ingentes cantidades de dinero. En España, en Europa y en todos aquellos lugares donde puedan tener algún tipo de actividad.

Telefónica, a la cabeza

Para las empresas españolas el epicentro de semejante presión está en Bruselas, de donde procede más del 90% del marco legislativo que opera en nuestro país. Y allí, en los pasillos del edificio Justus Lipsius donde están las principales instituciones comunitarias campan a sus anchas los lobistas mundiales.

Todos perfectamente identificados, registrados y con agenda pública de las relaciones que tienen con los miembros de la administración. Toda una diferencia con el Registro de Grupos de Interés creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que cuenta tan sólo con un millar de empresas anotadas, ya que es de carácter voluntario.

Una cifra raquítica si tenemos en cuenta que, sólo en la Unión Europea, hay registradas 718 organizaciones como lobby de procedencia española que cuentan con más de 655 empleados. ¿Los más activos? Los de Telefónica que, hasta el pasado 21 de diciembre habían mantenido 57 reuniones con miembros del Parlamento Europeo.

Se trata de seis personas que cuentan con un presupuesto de algo más de dos millones de euros; según consta en los datos publicados por Transparencia Internacional en su Integrity Watch. Su principal misión es la de tratar de influir en las normas de Mercado Único Digital, leyes de comunicación y competencia, privacidad, ciberseguridad, etc.

Las siguientes de la lista

Bastante menos se gasta la segunda empresa con mayor actividad en lobby: Iberdrola. Cuenta con cinco lobistas acreditados que se han reunido en 34 ocasiones con miembros del Gobierno europeo. Tras la eléctrica se encuentran el Banco Santander, con 11 personas involucradas, de las que cinco están a tiempo completo, y un gasto de entre 600.000 y 700.000 euros. Empata, por cierto, en número de encuentros con Gas Natural que -con un presupuesto máximo de 50.000 euros, cuenta con cinco personas involucradas en los encuentros.

Son sólo una pequeña representación de la presencia española en estas lides. Y ni siquiera son los que más dinero gastan ya que muy por encima están, por ejemplo, compañías como Ferrovial que cuenta con más de diez millones de euros destinados al lobby bruselense -aunque ha mantenido menos reuniones que Telefónica-.

Pero las españolas no son las únicas que invierten en estas tareas. La empresa más activa es, en realidad, Google. Con un gasto de más de 5 millones de euros que les han cundido: 160 reuniones con siete personas acreditadas. La última reunión que ha mantenido con miembros de la Comisión Europea fue el pasado 17 de noviembre, con Kevin O’Conell, miembro del gabinete de la comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourova. Tamaño número de reuniones probablemente se deba a los problemas de competencia a los que se enfrenta el coloso de internet.

Como curiosidad se puede señalar también que el comisario español, Arias Cañete, ha mantenido 532 reuniones con representantes de grupos de presión; el segundo por detrás del comisario Oettinger, con 606 encuentros.