Madrid limitará por barrios las licencias a pisos turísticos como los de Airbnb

El Ayuntamiento de Madrid fijará cupos en la concesión de licencias a viviendas de particulares que quieran ser alquiladas al turismo más allá de tres meses al año, cuota que vendrá fijada por la capacidad de los barrios. La mayoría de estas viviendas son alquiladas mediante plataformas como Airbnb, aunque la regulación no está dirigida a estas compañías.

Esa capacidad quedará recogida en el plan especial de control de usos turísticos a elaborar. Determinará la capacidad de los barrios, sobre todos los del centro, para asumir hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.

El Ayuntamiento de Madrid regulará los pisos turísticos permitiendo el alquiler de viviendas de particulares durante un tope máximo que no podrá llegar a los 90 días al año. Más allá de ese plazo exigirán licencias para poder ser alquilados.

Plan General de Ordenación Urbana

El Consistorio ejercerá un sistema de control como en las demás actividades terciarias, como bares y comercio, y fijará las tasas en la correspondiente ordenanza de licencias.

El nuevo marco normativo se pondrá en marcha cuando se apruebe la consulta a la comisión de interpretación del Plan General de Ordenación Urbana y el plan especial de usos terciarios en la ciudad.

El Ayuntamiento estima que sean en un principio entre 1.000 y 1.200 viviendas las que solicitarán licencia, cifra extraída del censo de la Comunidad.

Regularización en Barcelona

Por su parte, en Cataluña se han regularizado 356.232 plazas en alojamientos turísticos desde el inicio, en 2012, del proceso de regulación de plazas en apartamentos y viviendas de uso turístico, según ha informado este jueves la Dirección General de Turismo (DGT), que ha cifrado en 65.000 el total de establecimientos regularizados.

En el marco de la campaña de inspección a gestores y propietarios de viviendas y apartamentos de uso turístico, la Generalitat ha resuelto 850 expedientes sancionadores, de los cuales 373 son de Barcelona y Catalunya Central, 243 de Girona, 203 de Tarragona y Terres de l'Ebre y 31 de Lleida y la Vall d'Aran.

En total, se han realizado 16.856 inspecciones que han concluido con la apertura de 1.079 expedientes sancionadores --850 resueltos--, incidiendo en más de 18.785 plazas de alojamiento ilegal distribuidas en 3.415 viviendas turísticas y con multas entre los 3.001 euros y los 30.000 euros que superan los cuatro millones de euros recaudados.