Así lo señalaba el escrito de defensa del expresidente de la entidad Rodrigo Rato, que destaca que tanto BFA como Bankia eran "entidades monitorizadas", y que particularmente la segunda estaba sometida a un seguimiento continuado "especialmente intenso y permanente" del Banco de España.
También la propia entidad, acusada como persona jurídica al igual que BFA y la auditora Deloitte, utiliza este criterio e indica que todo el proceso de la salida a bolsa no sólo estuvo autorizado por el Ministerio de Economía "y constantemente supervisado por el Banco de España", sino que además estuvo precedido por un test de estrés o de resistencia realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
La oferta pública de suscripción (OPS) estuvo "en todo momento" supervisada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un proceso en el que intervinieron además otros asesores financieros, contables y jurídicos.
La información financiera contenida en el folleto de la salida a bolsa, explica el escrito de 78 páginas, reflejaba la imagen "fiel y exhaustiva tanto de la situación patrimonial de la entidad como de los riesgos derivados de la inversión en acciones", y destaca que la reformulación de las cuentas se debió "a la aparición de nuevos hechos posteriores a la formulación y no a errores contables".
También ha apelado a los supervisores el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, que en su defensa destaca que las cuentas de Bankia estaban sometidas a varios filtros y controles, así como auditadas de manera interna y externa y por los supervisores, la CNMV y el Banco de España.
En cuanto a la firma auditora, Deloitte rechaza su imputación como persona jurídica al considerar que es el socio auditor que llevó a cabo el trabajo -Francisco Celma, también acusado- el que aplica su juicio profesional, sin que la compañía pueda intervenir "en la formación de tal juicio".
El trabajo realizado por Celma, añade la compañía, es "intachable e irreprochable", por lo que insiste en que las cuentas reflejaban la imagen fiel de Bankia.
Pero la práctica totalidad de los imputados alega que no participaron en la toma de decisiones contables y mucho menos en la formulación de cuentas, ya que como señala Arturo Fernández de ello se encargaban la dirección y el departamento de intervención.
El empresario "nunca" decidió sobre criterios contables, y en ninguna reunión en la que participó se adoptó acuerdo alguno, ya que de ello se ocupaban los expertos contables de la entidad.
Parecido argumento utiliza el exconsejero Javier López Madrid, que relata que no pertenecía a la comisión de auditoría y "nunca tuvo conocimiento de la existencia de reparo alguno por parte del auditor, y mucho menos de cualquier salvedad en ninguna de las cuentas que fueron formuladas en los consejos a los que perteneció".
López Madrid añade que él y su familia, a través de OHL y otras empresas, invirtieron más de 20 millones en el debut bursátil, con lo que resulta "absolutamente incompatible el entender que la misma persona que supuestamente ha contribuido, o acaso conoce cualquier posible irregularidad en las cuentas, sea a su vez uno de los mayores inversores en el proceso de salida a Bolsa".
En el mismo sentido se expresa el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, que dimitió "muchísimo tiempo antes de que tuvieran lugar los consejos en los que se formularon y reformularon las cuentas de 2011", pese a lo cual invirtió más de 149.000 euros de su dinero -inversión que mantuvo hasta marzo de 2012-, y animó a familiares y allegados a participar en la salida a bolsa.
Olivas recuerda que estuvo menos de un año en BFA, la matriz de Bankia, donde sólo formuló cuentas del año 2010, y algo más de cinco meses en Bankia.
Otro de los acusados, el exministro Ángel Acebes, va más allá y destaca que se incorporó al Consejo de Administración de Bankia "después de la salida a bolsa, por lo que no intervino ni pudo intervenir en ninguna decisión relativa a la misma".
El ex director financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj no necesita apelar a su ausencia de participación en decisiones ejecutivas porque, según sus letrados, "ninguna conducta concreta se le atribuye", más allá de señalar que hubo de delinquir "por su posición o responsabilidad en el organigrama", sin concretar cómo. EFECOM
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