Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso, y como adelantan el diario 'El País' y 'El Confidencial', el banco que preside Ana Botín ha presentado demandas civiles contra Ron y Gómez, así como contra Mapfre --la aseguradora que abona la prejubilación al expresidente de Popular-- reclamando la devolución de cantidades abonadas en ejercicios anteriores en concepto de retribución variable.
El banco cántabro se acoge, entre otras, a la cláusula de recuperación o 'clawback' contemplada en la política de remuneraciones de Popular aprobada en 2015.
Esta disposición establece que el banco puede exigir a los beneficiarios la devolución de la retribución variable anual durante los tres años siguientes a la liquidación y abono de esta si se pone de manifiesto que se ha percibido con arreglo a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta.
También será exigible esta remuneración variable si afloran riesgos asumidos durante el periodo considerado u otras circunstancias no previstas ni asumidas por el banco, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de los cualquiera de los años de periodo de 'clawback'.
Popular incorporó estas cláusulas a su sistema de retribuciones en el marco de la adaptación de Basilea III al ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE) antes de que fuesen de obligado cumplimiento.
Acogiéndose a esta normativa, Santander niega a los exdirectivos de Popular unos 25 millones de euros en retribución variable. En el caso de Ron y Gómez, les reclama cantidades ya percibidas.