Colombia anuncia que Electricaribe buscará que Gas Natural recupere el control

El Gobierno colombiano reanudará en breve las negociaciones con Gas Natural sobre Electricaribe, filial de la empresa en el país que fue intervenida y liquidada por el Ejecutivo del país, según anunció este jueves en Madrid María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Durante su intervención en el Foro América, organizado por Europa Press y Estudio de Comunicación y patrocinado por Indra y Value Retail, la ministra ha manifestado que no se puede referir mucho a este tema porque está en los tribunales, "pero tenemos toda la disposición para encontrar caminos de solución entre las dos partes".

"Estamos dispuestos a sentarnos con Gas Natural Fenosa y solucionar el tema", ha expresado tras confirmar que durante el mes de diciembre la empresa solicitó una reunión con el Gobierno colombiano y esta misma semana "el Gobierno, que estaba esperando unos informes, la ha aceptado". "Nos interesan mucho las relaciones con las empresas españolas y trabajaremos para solucionar cualquier problema que pueda surgir con ellas", ha subrayado.

Intervención en noviembre de 2016

El 15 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia intervino de manera preventiva Electricaribe argumentando problemas técnicos y financieros. Cuatro meses después, se ordenó su liquidación al considerar la Superintendencia que la compañía "no estaba en condiciones de prestar el servicio con calidad y continuidad".

Se inició entonces un proceso de subasta pública para encontrar un operador que asumiera la prestación del servicio que dio origen a un conflicto con Gas Natural Fenosa, que calificó la medida como una expropiación sin indemnización y demandó al Gobierno colombiano ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).

Gas Natural Fenosa alega, entre otras cosas, "hostigamiento sobre un inversor internacional" y reclama que se vuelva a "un marco regulatorio viable" o, en su defecto, se le compense con 1.000 millones de euros por la intervención.