Según explica el bufete, estas entidades retiraron unos 4.000 millones de euros del banco ahora propiedad de Santander, de los que 1.140 millones de euros correspondieron a la Seguridad Social.
"Estos hechos agudizaron la situación que atravesaba la entidad, dando así la puntilla al sexto banco por volumen de negocio del país", añade en un comunicado el despacho, en cuya opinión podría haber existido uso de información privilegiada.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó el pasado martes en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera que, del total de salidas de depósitos de Popular efectuadas entre abril y junio, el 30% correspondió a ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas públicas.
Por otra parte, el despacho considera que la Junta Única de Resolución (JUR) pudo incumplir la ley si, como publicó el miércoles 'El Confidencial', exoneró a Santander de pagar las cláusulas de cambio de control de Popular.