Los datos hablan por sí solos. Entre depósitos mayoristas (grandes empresas, instituciones y sector público) y minoristas (personas físicas o pymes), Banco Popular sufrió la fuga de 2.628 millones de euros en los dos primeros días de junio, según el acta del último Consejo de la entidad celebrada en la tarde del 6 de junio.
Dentro de los depositantes mayoristas, el sector público fue el más activo, y también el más rápido, en sacar su dinero del Popular en los últimos días antes de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR). En total, la entidad aún presidida por Emilio Saracho vio salir 1.151 millones de euros procedentes de esta partida, frente a los 334 millones de euros que salieron de las grandes empresas y los 286 millones de las instituciones.
En el grupo de minoristas, el saldo retirado durante esos mismos días ascendió a 857 millones de euros, entre pymes (414 millones) y personas físicas (443 millones). Aunque notable, el movimiento es bastante inferior al registrado por el sector público en esas jornadas de infarto.
Según los datos consultados, el día 5 de junio (el 3 y el 4 no se registraron movimientos al coincidir con fin de semana), salieron de la entidad otros 3.144 millones de euros. Y aunque no se conoce aún qué parte de ese dinero corresponde a mayoristas y cuál a minoristas, fuentes del proceso confirman que el sector público, especialmente la Tesorería General de la Seguridad Social, fue especialmente activa sacando más de 600 millones de euros del banco.
Calculadora en mano, el resultado es que entre el 1 y hasta el 5 de junio, salieron de la entidad unos 5.742 millones de euros en total. Y las fuentes consultadas, conocedoras de la situación del banco, confirman también que el mismo día 6, horas antes de la intervención, se registró la fuga de otros 3.000 millones de euros, lo que ampliaría la cifra total de salida del mes de junio, hasta aquel momento, a 8.742 millones de euros, entre minoristas y mayoristas.
¿Hubo información privilegiada?
Las dudas sobre las fuertes sumas retiradas por parte del sector público en los días previos a la intervención del Popular siguen en boca de todos. Y esta semana ha vuelto a quedar patente en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, donde los parlamentarios han vuelto a poner sobre la mesa el posible uso de información privilegiada entre las administraciones que fueron especialmente activas en la retirada de depósitos en los momentos de mayor tensión para la entidad.
Es cierto que si se echa la vista atrás, los datos reflejan que los minoristas sacaron más dinero que el sector público en los meses de abril y mayo, especialmente tras las noticias del Popular sobre la posible venta de activos para evitar la quiebra del banco y con las palabras de Elke König, presidenta de la JUR, advirtiendo que estudiaban de cerca el caso de la entidad.
Pero el acelerón de los días previos a la intervención, sin conocer aún desglosados los datos del 5 y el 6 de junio, hacen dudar sobre si algunas administraciones conocían de antemano el desenlace de la operación, llevando a cabo movimientos incluso en el ¿tiempo de descuento¿ el mismo 6 de junio, solo unas horas antes de que el FROB ejecutara el mandato de la JUR de resolver el banco.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha negado en repetidas ocasiones esta posibilidad, justificando la salida de depósitos de las instituciones públicas en las rebajas de rating que sufrió el banco meses antes.
UN DESPACHO PIDE A LA AN QUE INVESTIGUE LAS RETIRADAS DE FONDOS PREVIAS A LA RESOLUCIÓN DE POPULAR