Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para el mismo día al representante de la compañía, en tanto que ha emplazado al exviceministro de Desarrollo Económico de Venezuela Javier Alvarado y a la abogada del Ministerio de Energía de ese país, Julia van den Brule, para el próximo 26 de febrero.

Las comparecencias se enmarcan dentro del caso que instruye el titular del juzgado central de Instrucción número 2 a partir de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que también se dirige contra el anterior presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y el que fuera vicepresidente de Energía venezolano hasta 2006, Nervis Villalobos, que habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que "usara su influencia".

En concreto, Anticorrupción sospecha de tres acuerdos, el primero de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en diciembre de 2008 con el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, supuesto testaferro de Villalobos.

Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Terca a Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en la capital bolivariana.

En 2011, Terca "debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados" cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son directores y copropietarios Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, igualmente investigada.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de ingeniería y bienes de equipo aseguraba que el material aportado a las diligencias de investigación "permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados".

Además, subrayaba que estos desembolsos "tienen su fundamento en compromisos asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento" y que no tiene "conocimiento ni consentimiento de ninguna aplicación irregular o delictiva ulterior por parte de sus agentes en Venezuela de los fondos con los que se les ha remunerado".

El pasado 24 de noviembre, Del Valle comunicó su renuncia como primer directivo de Duro Felguera en mitad de las negociaciones con la banca para cerrar la operación de refinanciación.

Sobre Villalobos, al que la Fiscalía señala por "aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas" mediante la compra de un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, pesa además una orden de extradición de Estados Unidos por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

A la espera de que la Audiencia Nacional determina la procedencia o no de esta extradición, el exviceministro venezolano permanece en prisión provisional desde su detención a finales de 2017.