En una providencia conocida hoy, la sala de lo Contencioso-Administrativo pregunta a las partes personadas si, a fin de "evitar posibles incidentes que solo retrasarían y complicarían" cualquier decisión final, procede paralizar unos procedimientos vinculados directamente con los que actualmente estudia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Al respecto, recuerda que la operación, que se saldó con la compra del Popular por parte del Banco Santander al precio simbólico de un euro, fue ejecutada por el FROB a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo comunitario que el pasado junio adoptó tal postura después de que el Banco Central Europeo (BCE) determinara que la entidad estaba quebrada.

Según han informado fuentes jurídicas, la sala que preside el juez José Luis Gil también ha trasladado a las partes el oficio aportado por el FROB, en el que explica su intervención y justifica, por razones de confidencialidad, que no se adjunten todos los documentos.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional remite a la justicia regional, ya que el pasado 29 de septiembre rechazó suspender de forma cautelar la venta del Popular, al estimar que si bien había podido generar "perjuicios", la operación "dimana" de Europa.

A tenor de los magistrados, fue la JUR la encargada de valorar las dificultades por las que atravesaba el banco y la necesidad de esa medida para el interés público, una medida que "puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación", aunque directamente imputables al organismo europeo.

Hasta entonces, se habían registrado más de 250 recursos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo, que incluyen a más de 6.000 recurrentes de diferentes perfiles, desde personas físicas o jurídicas, hasta asociaciones o fundaciones, afectados por la reducción a cero de sus acciones.

Por el momento, el proceso queda paralizado a la espera de lo que finalmente acuerde el tribunal una vez recibidas todas las alegaciones.

INVESTIGACIÓN CONTRA RON Y SARACHO

Pese a rechazar las medidas cautelarísimas, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió causa en octubre contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por estos hechos que podrían ser constitutivos de los los presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez acordó abrir dos piezas separadas: La primera de ellas está relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por el importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones "falsas" antes de que la entidad fuera vendida al Banco Santander por un euro.

Por otro lado, se ha recibido también el correspondiente expediente administrativo del que la Sala acuerda dar copia a las partes personadas del oficio de remisión por el FROB, en el que éste explica su intervención y justifica, por razones de confidencialidad, que no se acompañen todos los documentos.

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