El posible recorte de la rentabilidad razonable de los proyectos renovables que ha planteado el Ministerio de Energía puede suponer pérdidas de entre 440 y 617 millones, una bajada ponderada de entre un 17% y un 24%, señala la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en un informe que analiza el impacto de esta medida a partir del próximo período regulatorio, que comienza el 1 de enero de 2020. Las pérdidas dependerán de si el recorte de rentabilidad aplicado es de un 5% o de un 4%. 

Aunque la patronal reconoce que esta posibilidad estaba prevista en el marco regulatorio que rige la producción eléctrica renovable, pide al Ministerio que dirige Álvaro Nadal que "recapacite al respecto y que mantenga estable la retribución". 

La Ley del Sector Eléctrico aprobada en 2013 establece un que cada período regulatorio será de seis años. El vigente, que mantiene la rentabilidad para las energías verdes en el 7,39%, concluye en diciembre de 2019 y desde la cartera de Energía ya han señalado su deseo de modificarlo mediante una orden ministerial en lugar de hacerlo vía Congreso, como marca la ley si lo que se pretende es una corrección y no su prórroga. El objetivo que se persigue con esta medida es meter la tijera a la factura de la electricidad, buscando un descenso de hasta un 10%, como ha indicado Nadal en los últimos meses.

Como detalla UNEF en su informe, la intención del Gobierno es "aplicar automáticamente la tasa con su fórmula actual, lo que supondría revisar a la baja la tasa de rentabilidad razonable para todos los proyectos renovables, existentes y nuevos, dejando nuevamente en una situación crítica a empresas inversores". 

El valor de esta tasa que reciben la mayoría de las plantas de generación renovable que están en funcionamiento en España es la suma de la rentabilidad media del bono español y un diferencial de 300 puntos básicos. En base a la previsión de la rentabilidad media del bono en los próximos dos años, que sitúa el tipo a un nivel más bajo, en un 1,5%, la patronal estima que se producirá la pretendida bajada de la tasa en el segundo período regulatorio que comienza en 2020. Desde el sector energético han subrayado que la fórmula para calcular la retribución no es la adecuada y no debería estar ligada al valor del bono, sino que debería considerar el coste de financiación de las empresas.

Para Jorge Barredo, presidente de UNEF, la bajada de la rentabilidad razonable supondrá "importantes perjuicios económicos para los propietarios de instalaciones fotovoltaicas". "Se verán obligados a refinanciar sus proyectos, haciéndose cargo de mayores costes financieros", añade. Además, para muchos propietarios podría suponer "hasta la pérdida del capital social o el hecho de que todos los recursos que generen los proyectos se tengan que dedicar al pago de la deuda bancaria", apunta.

La patronal pide que, si Energía opta por no mantener la tasa actual de retribución, se revise mediante una Ley, como marca la normativa vigente, para que se genere "un debate público al respecto". El sector "tenía la esperanza de haber entrado en una nueva etapa de estabilidad", señala Barredo, que solicita al Ministerio que reconsidere la bajada de la tasa "ya que la concreción de este anuncio llevaría a un escenario de institucionalización de la inseguridad jurídica". 

La energía solar fotovoltaica recibió en la liquidación de 2016 2.432 millones de euros. "Considerando que la fracción a de la retribución a la inversión es de un 90% y la de la retribución a la operación es un 10% respecto al régimen retributivo específico y la rentabilidad razonable, las pérdidas correspondientes de aplicar una tasa de un 5% y un 4% a las instalaciones fotovoltáicas ascienden a unos valores de 440,3 millones y 617,9 millones al año en 2020, respectivamente", señala la UNEF en su estudio.

El sector eólico también ha hecho sus cálculos y la bajada de la rentabilidad razonable puede suponer un recorte de casi un 25% en sus ingresos, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE).