Nadal se obceca con el Real Decreto al que se oponen las eléctricas y la CNMC

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha conseguido algo que parecía impensable: que Competencia, las eléctricas y los ecologistas se pongan de acuerdo. Y en su contra. Aún así, desde la cartera que dirige insisten en que se seguirá trabajando para sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado esta semana su dictamen sobre el decreto que Energía anunció en noviembre para ampliar los criterios bajo los que podría vetar el cierre de una central eléctrica (de carbón, gas, nuclear, ciclo combinado, hidroeléctrica...) y se ha mostrado abiertamente crítica con las intenciones del Gobierno: los nuevos criterios que se pretenden introducir no los exige ni la normativa nacional ni la europea, introducen una excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica y, con la sobrecapacidad del sistema existente, aún en momentos de alta demanda se puede prescindir de una parte importante de las centrales de carbón.

En sus conclusiones, el supervisor del mercado considera que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico habría que evaluar el marco normativo de forma global, lo que implica revisar la metodología de seguridad de suministro, la hibernación de centrales, los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones y, como han propuesto algunas de las eléctricas en sus alegaciones, los mecanismos de pagos por capacidad. 

Competencia da, además, un tirón de orejas por la premura con que se habría redactado el texto del decreto: “Los nuevos criterios no están lo suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente”. Energía anunció el impulso de este decreto días después de que Iberdrola anunciara el cierre de sus dos últimas centrales de carbón en España, la de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Mientras la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán defendía que su “petición de cierre ordenado” de sus plantas de carbón era “coherente” con su política medioambiental, el ministro reiteraba que no aceptarían decisiones empresariales que no encajasen con la política energética y el interés general.

Energía reconoce que el dictamen de Competencia tiene "puntos asumibles y razonables", pero insiste en que cree que hay un problema económico de fondo que requiere una solución y teme que las eléctricas opten por cerrar plantas y se produzca un incremento en el precio de la electricidad. Por eso insisten en la necesidad de “regular el cierre de cualquier central de generación eléctrica” añadiendo a la normativa actual, que permite vetar el cierre de una planta si pone en riesgo la seguridad del el suministro eléctrico, razones económicas y medioambientales.

Uno de los temas que preocupa en el Ministerio es el cierre de las nucleares después de decidir el cierre de Garoña el pasado mes de agosto tras el rifirrafe entre Iberdrola y Endesa sobre el futuro de la planta burgalesa. Almaraz y Ascó I son las siguientes que tienen que renovar licencia ya que sus autorizaciones vencen, respectivamente, en 2020 y 2022. Por el momento, según adelantó El Economista, ambas eléctricas habrían iniciado ya los trámites ante el Consejo de Seguridad Nuclear para renovar la licencia de operación de Almaraz y Vandellós. Esta última vence en 2027.

Para Energía, lo ideal sería sacar adelante este proyecto con un rango legal mayor, señalan fuentes del Ministerio. Para lograrlo, necesitan el apoyo de otros grupos políticos en el Congreso que no han conseguido en los últimos meses, pero mantienen la puerta abierta a la negociación. Por otro lado, el Ministerio considera que el decreto tiene “encaje legal” y que se ajusta tanto a la normativa nacional como a la europea. La Comisión Europea está analizando de oficio si el decreto contraviene el ‘Paquete de Invierno’ que fija que las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación.

Tras conocer el dictamen de Competencia, que no es vinculante, Energía puede darle una vuelta a la redacción del texto antes de que el real decreto siga su rumbo. Para su aprobación, el real decreto tiene que pasar por Hacienda, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Desde Energía no dan plazos para las siguientes etapas.