Según el escrito remitido al juzgado, consultado por Europa Press, Abener Energía, cuya actividad es la de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, está administrada por un administrador único, la empresa Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial SA, representada por Joaquín Fernández de Piérola.

Por su parte, la empresa proveedora es Indes Technics and Solutions, que es "una pequeña empresa dedicada a construcción, obra civil, montaje mecánico y montaje de tuberías GRP con su propio personal" y que "ha tenido relaciones comerciales con la demandada".

En su escrito, Indes recuerda el contrato suscrito con Abener Energía para "la puesta a disposición de personal cualificado y alquiler de equipos para el proyecto de central eléctrica de ciclo combinado en Stalowa Wola (Polonia), que estaba construyendo Abener Energía SA.

Indes ha explicado que en Navidad de 2015 "surgen importantes desavenencias entre el gobierno polaco y Abener Energía", de forma que "Abener fue expulsado del proyecto y por efecto la propia Indes, que se vio obligado a resolver la relación laboral con el personal desplazado con los consiguientes costes laborales".

El escrito presentado ante el juzgado precisa que a la fecha de la imposibilidad de continuar con los trabajos, la deuda total a favor de Indes era de 1.508.117,47 euros.

En el documento se ha explicado que en mayo de 2016, Abener "ofreció a Indes que firmara un acuerdo de pago, donde para convencerle reconoce explícitamente la realidad de lo adeudado pero le obliga a aceptar una quita del 20 por ciento y reducir la obligación de pago a 1.206.493,98 euros". En dicho acuerdo, además de la quita que se le impone, se establece un calendario de pago que comenzaba a abonarse en septiembre de 2016 y finalizaba en septiembre de 2017.

Ha precisado que llegado el mes de agosto y próximo a recibir el primer pago de la cantidad adeudada, "Fernández de Piérola se reúne con Indes y le dice que no le va a pagar, pero que se le abonará", y le presenta un nuevo acuerdo de pago de fecha 30 de agosto de 2016 que denomina 'Adenda al acuerdo de pagos celebrado el 20 de mayo de 2016', con un nuevo calendario de pago, que "se iniciaba ennoviembre de 2016 y finalizaba en septiembre de 2017".

En dicha propuesta, el representante de Abener plantea la reducción de la quita, "que en el anterior acuerdo era del 20% y ahora sería del 15", ante lo que Indes "no tiene más remedio que firmar el acuerdo".

Asimismo, en dicho escrito precisa que, a pesar de que el primer pago se realizaría el 15 de noviembre "a principios del mes de noviembre de 2016, la deudora contacta con Indes y nuevamente le dice que no le van a pagar y que la única posibilidad que tienen es la firma de un nuevo acuerdo con otro calendario de pago", algo que la empresa proveedora acepta.

Así, el nuevo acuerdo consistía, según la documentación presentadas por Indes, en "un nuevo calendario de pago a partir del día 5 de diciembre de 2016 y hasta el 5 de septiembre de 2017, y en esta ocasión aceptan que cobraría el cien por cien de la deuda, sin ningún tipo de quita", algo que Indes "no tiene más remedio que firmar nuevamente".

A finales de noviembre de 2016, Indes envía reiterados correos electrónicos al departamento jurídico de Abengoa sobre la firma del documento, donde advierte de que la acreedora aún no ha recibido ese último acuerdo firmado por Abener, ante lo que los jurídicos de Abengoa argumentan que no tienen "confirmación ni de la firma del acuerdo ni del pago".

De esta forma, Indes ha denunciado que "llegó el día 5 de diciembre y no se ha pagado absolutamente nada hasta hoy", a pesar de "varios intentos desesperados de Indes para cobrar lo que le pertenece", y ha lamentado que "el departamento jurídico y dirección, no hacen el más mínimo caso de nuestras reclamaciones".

Asimismo, ha remitido un burofax directamente a Joaquín Fernándezde Piérola reclamándole el pago de lo adeudado "y nunca se obtuvo respuesta".

Indes ha recordado que Abener Energía "también es deudora de otrassociedades, como la mercantil Ainta, por importe de 1.177.551,50 euros".

En el documento remitido al juzgado, Indes alude a la situación de insolvencia de Abener, aportando documentación donde habla de "riesgo elevado de probabilidad de impago". Se alude a varios informes, como el de Axesor o Iberinform, que apuntan una bajada de la rentabilidad económica, del resultado de explotación o del número de empleados, y un aumento del riesgo de morosidad y de la ratio de endeudamiento, entre otros parámetros.

Indes considera que estos datos "han empeorado aún más a lo largo del ejercicio 2017, donde no han tenido ninguna actividad, excepto la de liquidar sus pocos activos, por lo que la empresa ha devenido en insolvencia al no poder atender sus obligaciones". Indes ha agregado que a ello hay que sumar que Abener no tiene bienes registrales a su nombre, "lo que hace imposible el cobro de la deuda".

Ha apuntado la existencia de un "impago generalizado de sus deudas", siendo "elevado" la probabilidad estimada de impago.

En su escrito, Indes asegura que "Abener Energía SA se encuentra en situación de insolvencia actual", por lo que "procede la declaración de concurso necesario tras acreditar Indes su condición de acreedora, con una deuda expresamente reconocida en múltiples contratos y adendas de pago que han sido reiteradamente incumplidos y por la escandalosa situación financiera de la endeudada, sin actividad alguna, sin empleados operativos y sin liquidez bancaria".

Indes solicita que sea citado Joaquín Fernández de Piérola, una serie de documentación privada, documentación de los registros públicos, alusivos a la contabilidad de los últimos ejercicios de Abener Energía, entre otras peticiones de prueba.

QUERELLA CONTRA PIÉROLA

Se da la circunstancia de que Indes Technics and Solutions ha presentado una querella, por vía penal, contra Fernández de Piérola, Abener y Abengoa, por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que fue admitida en un primer momento, pero posteriormente el juzgado decidió archivar el caso y les sugirió ir por la vía civil.

Dicha decisión judicial actualmente se encuentra recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.