Santander sobre Popular: revelar el contrato “podría afectar” a sus derechos

El Banco Santander se encuentra inmerso en la integración del Banco Popular, y prefiere evitar cualquier piedra en el camino. Así que, por ahora, no va a entregar el contrato firmado con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la noche del 6 al 7 de junio de 2017.

Así lo explica el FROB en el escrito remitido al juez José Luis Gil, de la Audiencia Nacional, en donde destaca que la entidad bancaria “no ha hecho público ni el contrato ni la oferta” por el ‘Popu’, y ha comunicado que “la revelación de dicha documentación a terceros podría afectar a sus derechos o intereses legítimos”. Una justificación que comparte la institución que lidera Jaime Ponce -según señala- y que se ampara en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en el que el FROB solicita -por petición de la Junta Única de Resolución (JUR)- que la Audiencia Nacional evite pronunciarse sobre qué documentación debe hacerse pública y cuál no hasta que lo hagan los Tribunales europeos. Sostiene el organismo europeo que la “divulgación de determinados documentos de carácter reservado y especialmente sensibles, podrían suponer un perjuicio para el interés público”.

Extracto de la carta remitida por el FROB a la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La misiva encabeza el expediente administrativo de la resolución y venta del Popular, aunque buena parte de esa información no consta, dado que aparece bajo el epígrafe de “Confidencial” en el índice de los documentos remitidos al tribunal en un CD.

Entre la documentación que sí figura en este momento está la ‘Carta de Proceso’ puesta en marcha por la JUR, y que fue remitida por el FROB a los bancos que entraron en la fase final de la venta: el Santander y el BBVA. Entidades que, según figura en la documentación, firmaron el 4 de junio un acuerdo de confidencialidad (NDA) para comenzar a estudiar -el 5 de junio- en un ‘Virtual Data Room’ todos los acuerdos.

Así figura en un calendario -que luego se vio acelerado por la urgencia del Popular- y que aparece en esa documentación entregada a la Audiencia Nacional; pero que culminaba a las siete de la mañana del día 7 con la firma del acuerdo y el anuncio de la venta del Popular.

Según esa carta, a la que ha accedido EL ESPAÑOL, el oferente -desde el momento de la firma- quedaba “obligado a implementar todos los mecanismos de liquidez que pudieran ser necesarios para garantizar la continuidad” del banco que lideraba Emilio Saracho.

Anexo de la Carta de Proceso a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esa misma Carta de Proceso contempla también una primera valoración -adelantada por Vozpópuli- de 2.000 millones de euros, que venía interpuesta de una primera estimación efectuada por las autoridades europeas y el FROB.

Lo que deja claro el FROB es que la propuesta de compra que se presentara debía hacerse por el 100% del banco y sus distintas filiales, que no podían solicitarse ayudas públicas, y que debía ejecutarse de inmediato. Es decir, no debía requerir de autorizaciones adicionales lo que, en parte, deja fuera de juego a entidades extranjeras.

De hecho, según la documentación remitida al juzgado, las autorizaciones tardaron pocas horas en llegar. El visto bueno del FROB se produjo a las 3.20 de la mañana y el Banco de España recibió la solicitud de no oposición a las 7.02, que respondía escasos minutos después. A las 7.30 se eleva a pública la decisión y a las 7.35 se ultiman las medidas para proceder a la resolución y venta para, a continuación, comunicar al mercado la decisión.

Por último, a las ocho de la mañana, se produjo una llamada a Emilio Saracho, ex de Popular, por parte del FROB para comunicarle -oficialmente- las medidas que se iban a adoptar.