Ana Botín ha querido dejar claro que la transparencia que exigen los afectados por la caída del Popular debe ser atendida por la JUR, responsable de la decisión de resolver el banco el pasado 7 de junio de 2017. ¿Es una decisión de ese organismo, y estamos esperando a ver qué deciden. Nosotros todo lo que sea transparencia de cómo estaba el banco antes de la resolución, estamos a favor, pero depende de ellos¿, ha insistido.

Hay que recordar que la presidenta de la JUR, Elke König, aseguró hace unos meses que pediría permiso al Santander para detallar ciertos datos del documento. Pero Botín ha insistido en que la responsabilidad de hacer público el informe es del organismo. Botín tampoco se ha querido 'mojar' en la investigación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha abierto para averiguar si Popular ocultó pérdidas durante la etapa de Ángel Ron al frente de la entidad.

Pero durante la presentación de resultados anuales, el banco cántabro sí ha hecho referencia a los costes de restructuración de 1.200 millones de euros antes de impuestos. De esa cifra, unos 300 millones serían para la reestructuración de los servicios centrales (dentro del ERE que está llevando a cabo la entidad). Respecto a los posibles litigios por los afectados por el Popular, Botín confía en que ¿con la aceptación del bono de fidelización, que ha alcanzado casi el 80%, y las provisiones previstas, se cubrirán con holgura las posibles demandas¿, insistiendo en que ¿lo más importante en la integración con Popular es cómo se está gestionando la operación, que la combinación de ambas entidades no pierda clientes ni cuota de mercado¿. Según ha explicado, ¿queremos que nuestros clientes reciban un excelente servicio¿, recordando que de junio a diciembre han crecido en 80 puntos básicos en depósitos de forma conjunta.

Desde comienzos de junio, el momento de su resolución, Popular ha conseguido incrementar los depósitos de sus clientes en España un 15%, hasta 58.000 millones de euros. Y desde el banco insisten: "Estamos bussiness as usual. El Popular está estabilizado en situación de normalidad, incluso recuperando una actividad crediticia que se encontraba parada en el tercer trimestre".

Cambios tras la adquisición

Tras la venta de inmobiliario del Popular al fondo Blackstone, Ana Botín ha confirmado que a la entidad le quedan 6.000 millones de euros de activos netos inmobiliarios. Una cifra que esperan seguir reduciendo tras el cierre de la operación con el fondo estadounidense, que esperan para los próximos meses.

Respecto a las alianzas que Popular mantenía con WiZink, Allianz, etc, Botín explicó que aún están en negociaciones, y alejó más allá de 2018 los posibles acuerdos. Otros cambios que traerá la integración con el banco resuelto será el movimiento de sede del Santander España, que pasará de la actual en Mesenas (antigua sede de Banesto) a el nuevo edificio del Popular en la calle Juan Ignacio Luca de Tena. En este sentido, Ana Botín explicó que ¿también cambiaremos la marca en un momento próximo¿, aunque sin detallar fecha. El mensaje desde la entidad es claro: ¿No estamos compitiendo con Popular, sino colaborando¿.

Preguntada sobre un posible impuesto a la banca, Botín explicó que ¿la tasa impositiva debe ser la misma para todas las empresas¿, indicando que ¿los bancos somos una empresa más, y tener esa tasa diferente no se justifica¿. La directiva ha querido recordar que Santander ha contribuido con 3.000 millones de euros a la crisis bancaria. ¿Con la compra del Popular hemos conseguido dar estabilidad a millones de clientes y personas que trabajan en el banco¿, ha añadido.

La directiva también ha descartado la posibilidad de seguir creciendo vía compras. ¿No tenemos ningún plan de comprar nada en Europa, pero sí lanzar iniciativas digitales¿, ha insistido. En este sentido, la presidenta del Banco ha confirmado que la entidad lanzará en los próximos dos meses una app de pagos con tecnología blockchain para llevar a cabo transferencias ¿de forma más rápida y transparente¿. La entidad trabaja de forma conjunta en cuatro países (Reino Unido, Brasil, Polonia y España) para ultimar esta herramienta que servirá, entre otras cosas, para hacer pagos internacionales, de persona a persona a través del móvil, y que contará también con un gestor de finanzas personales, así como una cartera digital.

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