El BCE impide publicar datos sobre la liquidez y fuga de depósitos de Banco Popular

El organismo presidido por Elke König ha desvelado este viernes una serie de documentos sobre el proceso de resolución de Banco Popular, como el informe de valoración elaborado por Deloitte y la decisión de resolución, adoptada por la JUR a primera hora del 7 de junio del año pasado.

Sin embargo, muchos de los datos incluidos en todos estos informes se han mantenido en secreto, al considerar que podrían socavar la protección de los intereses públicos, los intereses comerciales del Popular y Banco Santander o afectar al proceso de valoración que Deloitte está llevando a cabo para determinar si los accionistas o acreedores de Popular hubiesen recibido un mejor rato con un procedimiento ordinario de insolvencia.

En particular, la decisión de resolución especifica que las dificultades a las que se enfrentó Popular desembocaron en "una salida de depósitos significativa", aunque no da ninguna cifra al respecto y mantiene posteriormente información oculta.

En el mismo documento se apunta que la posición de liquidez de Popular se deterioró significativamente a partir de octubre de 2016. Además, dentro del capítulo sobre medidas para atajar las dificultades, el texto señala que el BCE permitió el 5 de junio inyectar liquidez de emergencia (ELA) a la entidad, algo que denegó tras un segunda petición.

No obstante, el párrafo mantiene oculto entre corchetes la cantidad de esta ayuda de emergencia que se otorgó al banco en un primer momento.

Fuentes de la JUR han asegurado preguntadas por estas cuestiones que el BCE vetó la publicación de esto datos en el periodo de consultas con otras partes involucradas en este proceso para determinar qué partes de los informes se harían públicas y cuáles se mantendrían confidenciales.

Este tipo de información, aducen las mismas fuentes, pertenece al BCE, por lo que la JUR no puede tomar la decisión de publicarla de manera independiente, por lo que siguieron la objeción planteada por el banco central.

"El BCE dijo explícitamente que esa información sobre la cantidad de ELA y la política que está detrás, por ejemplo los colaterales, es algo confidencial que no debe revelarse", han expresado las fuentes.