Concretamente, se refiere a la interpretación de la Orden Ministerial de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Así consta en el informe de valoración realizado por Deloitte y publicado este viernes por la Junta Única de Resolución (JUR), siete meses después de la resolución de la entidad. El organismo europeo anunció el pasado año su publicación para mediados de enero, si bien finalmente se ha hecho público hoy.
Este informe contempla tres escenarios de valoración de Popular en caso de resolución, uno de ellos positivo (+1.300 millones de euros), otro central (-2.000 millones de euros) y un último negativo (-8.000 millones de euros). En el momento de la resolución de Popular, las autoridades evitaron ofrecer el escenario positivo.
Según Deloitte, los activos inmobiliarios de Popular contaban con un déficit de provisiones de 2.600 millones de euros en el mejor de los escenarios en caso de resolución, mientras que en el escenario central esta cifra se sitúa en 3.100 millones de euros negativos y en el peor de ellos en 3.400 millones de euros negativos.
La firma valora un portfolio que incluye 10.987 millones de euros de activos adjudicados y 849 millones de euros en propiedades en uso. La valoración, indica el informe, está basada en la información proporcionada por la JUR y por el 'data room', que cubre el 90% del portfolio.
En relación con los créditos y cuentas por cobrar --'loans and receivables'--, la mejor valoración posible era aplicar un ajuste de 2.700 millones de euros, mientras que el escenario base y el más negativo los ajustes oscilan entre los 3.500 y los 7.500 millones de euros, respectivamente.
En un apartado del informe dedicado a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), la firma indica que la mejor valoración posible era un ajuste negativo de 2.700 millones de euros, mientras que la correspondiente a los activos intangibles era de -2.200 millones de euros.
OMITE INFORMACIÓN SOBRE CONTINGENCIAS LEGALES
En cualquier caso, la JUR ha evitado otorgar el valor estimado de solventar las posibles contingencias legales de la resolución, así como el valor estimado de resolver las alianzas comerciales de Popular.
Asimismo, en el informe se omite información considerada confidencial en relación con las cláusulas suelo de la entidad absorbida, algunos bonos e incrementos de capital, así como sobre sinergias de costes.
Precisamente, en el apartado de sinergias, la firma señala que ha utilizado datos anualizados del primer trimestre de 2017 dado que en las cifras de gastos de personal del ejercicio 2016 se incluyen "costes significativos" sobre un "excepcional" plan de jubilación. En todo caso, señala que las sinergias "dependen en un alto grado" del comprador.
El pasado miércoles la presidenta de Santander, Ana Botín, se mostró a favor de publicar este documento, si bien mostró su preferencia por mantener los aspectos referidos a las alianzas comerciales de Popular bajo confidencialidad.
En este sentido, la JUR ya había señalado que la publicación de algunos detalles del informe podría alterar la estabilidad financiera y dañar los intereses comerciales de Santander, por lo que advirtió que mantendría el carácter confidencial de algunos aspectos referidos en el informe.