Por Francesco Canepa

Cargado con deudas incobrables y enfrentando una fuerte salida de depósitos, Popular se convirtió en el primer banco en ser liquidado usando las nuevas reglas europeas dirigidas a evitar rescates financieros por parte de los contribuyentes. Pero su venta por un euro de valor nominal, orquestada por la Junta de Resolución Única (JUR) de la Unión Europea, fue denunciada por inversores que perdieron 850 millones de euros y demandan una compensación.

En un informe confidencial enviado a la JUR en ese momento y que no se había hecho público hasta el viernes, la consultora Deloitte valoró el capital de Popular en 1.300 millones de euros en su escenario más optimista.

La publicación del informe de Deloitte, en el que se hace referencia a Popular utilizando el nombre en clave Hipócrates, supone un avance para los inversores que habían pedido más información sobre la decisión de la JUR.

Tanto en el escenario básico como en la peor de las estimaciones, que se hicieron públicas después de la venta, Deloitte estimó un valor negativo para la entidad de varios miles de millones de euros.

El informe de Deloitte advirtió que sus estimaciones eran "altamente inciertas" porque se elaboraron en solo 12 días y con información fragmentada, y agregó que la mejor forma de determinar el valor real del banco era a través de un proceso de venta abierto y competitivo.

"La mejor oferta recibida tras el proceso de venta probablemente sea la mejor y más fiable indicación del valor del banco", dijeron los consultores de la firma en un informe fechado el 6 de junio, un día antes de la venta de Popular.

Parte de la información clave, como la estimación de Deloitte de cuánto dinero podrían haber recuperado los acreedores si el banco hubiera entrado en concurso de acreedores en lugar de venderse, aparecía borrada en el documento publicado por la JUR el viernes.

Las normas de la Unión Europea establecen que los acreedores no deberían quedar en una situación peor después de que un banco se liquide mediante un acuerdo como el alcanzado con Santander que la que hubieran enfrentado en el caso de que la empresa simplemente hubiera entrado en concurso.

Los consultores destacaron falta de datos y valoraciones de inmuebles incorrectas.

"La mayoría de las inconsistencias identificadas se deben a la consideración inadecuada de la normativa ECO", dijo Deloitte, refiriéndose a la orden que regula las normas de valoración de los bienes inmuebles.

La Audiencia Nacional española está investigando el papel de los ex presidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho en el colapso de Popular tras las demandas de los accionistas. Los ex directivos han negado los cargos.

En dos piezas separadas, el juzgado investiga la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en 2016 y posible manipulación de mercado mediante la publicación de noticias con datos o información que los querellantes califican como falsas y con la finalidad de hacer caer el precio de la acción.

La investigación, centrada en las dos últimas cúpulas del banco, tratará de desvelar si en la ampliación mencionada el banco hubiese proporcionado a los inversores información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la realidad de la entidad.

Lanzada en 2014 para poner fin a una era de multimillonarios rescates bancarios, la JUR fue criticada el año pasado por decidir no intervenir en dos bancos italianos en quiebra, semanas después de forzar pérdidas en los inversores en Popular.

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