El BCE tardó 7 meses en advertir a la JUR de los problemas de liquidez del Popular

Así se desprende de los documentos publicados el pasado viernes, y cuyos tachones complican la comprensión de lo ocurrido hasta la venta al Santander de una entidad que llevaba meses bajo la lupa de Europa.

Además del esperadísimo informe de valoración de Deloitte, con apéndices y extras incluidos, la JUR publicó el pasado viernes otros cinco documentos que no han dejado satisfechos, ni mucho menos, a los afectados por la caída del Popular, pues a golpe de `tachones y tipex¿ eliminan buena parte de los datos necesarios para ayudar a `sostener¿ las demandas interpuestas en la vía judicial.

Sin embargo, las versiones no confidenciales de estos papeles sí desvelan algunos datos y fechas clave que hacen preguntarse a los inversores por qué no se actuó antes si el banco llevaba meses bajo el radar de la JUR y del BCE. De hecho, el organismo europeo ya contaba en 2016 con un plan de resolución para la entidad, al igual que ya había hecho con otros 92 bancos de la Zona Euro como parte de su trabajo.

Una de las fechas clave que confirma el documento es el 2 de mayo, cuando el BCE se reunía para evaluar la situación del Popular (un mes antes de la resolución). Hasta el día 18, la JUR no solicitó esta información al organismo. Y aquí una de las mayores incoherencias del proceso: el propio BCE advierte entonces a Elke König que la situación de liquidez del banco se había deteriorado desde octubre de 2016.

Es decir, conocía de cerca los problemas del banco 7 meses antes de advertir a la JUR sobre ¿los flujos de salida materiales en todos los segmentos de clientes¿. Ante esta fuga de depósitos, la JUR justificó que ¿el banco no ha tenido suficientes opciones para restablecer su posición de liquidez y asegurar que puede cumplir con sus compromisos financieros¿.

Pero no es del todo cierto. Los plazos detallados en los `documentos capados¿ dejan entrever las prisas del proceso. Incluso Deloitte se ha queja en el `Proyecto Hippocrates¿ ¿como llamaban al Popular para no levantar sospechas antes de tiempo- del poco tiempo que tuvo para recabar información y elaborar dicha valoración.

La información confirma que Banco Popular empezó a buscar un posible comprador en el mes de abril. Ninguna novedad, después de que el propio Emilio Saracho anunciase por aquel entonces que la única alternativa de la entidad era o la venta o una nueva ampliación de capital. Según explica Deloitte y la JUR en sus documentos, el deadline para los interesados en ese proceso privado de venta era el 10 de junio, fecha que posteriormente se amplió hasta finales de ese mismo mes. Es evidente, por el final que vivió el banco en la noche del 6 al 7 de junio, que la JUR consideró unos días antes que ningún tipo de negociación por esa vía iba a llegar a buen puerto.

Pero antes de aquellas horas dramáticas, concretamente 13 días antes (el 24 de mayo), la JUR ya pidió al Popular información para evaluar su situación. Y el mismo 2 de junio, el organismo de König solicitó acceso al proceso de venta privado y al VDR (Virtual Data Room) del mismo. Sorprende además que, dentro del informe de resolución elaborado en 2016, el propio organismo incluía alternativas planteadas que podrían mejorar la situación de la entidad. Según ese documento, ciertas operaciones podrían mejorar incluso el ratio de solvencia CET 1 en 257 puntos básicos. Entre ellas se incluía la venta del negocio comercial del Pastor, el 100% de TotalBank, la venta de la participación del Popular en Bancopopulare-com, la venta de Banco Popular Portugal, así como la de su participación en Allianz y el 60% de Eurovida Portugal.

El proceso de ofertas y la venta al Santander

La JUR confirma en la documentación hecha pública que el mismo 4 de junio se recibieron dos potenciales ofertas (supuestamente las de BBVA y Santander), y al día siguiente se les proporcionó a ambas entidades la información del Popular. El 6 de junio todo se precipitó con el propio banco notificando al BCE que, tras una reunión del consejo de administración, los directivos ya se consideraban dentro de un `banco caído¿.

El FROB entraba entonces en acción con la carta para los interesados en Popular, en la que el organismo explicaba los pasos a seguir ante la inmediata resolución del banco y otros aspectos como la posibilidad de amortizar el capital y la deuda de la entidad. Entre otras cosas, la carta detalla que el martes 6 de junio se producirían reuniones entre los potenciales compradores, asesores y los gestores del Popular para resolver cualquier duda. No más tarde de las 00.00h de aquel día, el FROB comunicaría a los participantes quién se quedaría con el Popular, para después, a las 06.30h, ejecutar la orden de resolución dictada por la JUR. El resto, ya es parte de la historia financiera. Santander se quedó por un euro con un banco que, según la documentación publicada, podría haber valido más de 1.000 millones de euros. Y más de 300.000 accionistas y tenedores de deuda perdieron toda su inversión en el banco.