En sus demandas de información, enviadas los pasados días 23 y 25 de enero, el supervisor del mercado ha preguntado a Ferrovial sobre el caso Palau y a FCC sobre la constructora brasileña Odebrecht.
Ferrovial indica en su respuesta que "ni la empresa, ni ninguna de sus sociedades filiales ha recibido comunicación alguna por parte de los tribunales en relación con el caso Palau de la que pudiera derivarse algún perjuicio para las mismas".
El grupo asegura que el "proceso se dirige contra personas físicas y jurídicas, sin que ninguna de ellas sea una sociedad de la compañía" y que el directivo y el exdirectivo de una de las filiales del grupo que estaban acusados han quedado absueltos.
De su lado, FCC, en relación con Odebrecht, responde que "la única relación existente" con la firma brasileña son "los proyectos de construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Panamá" que se adjudicaron en consorcio.
"FCC no ha recibido comunicación alguna de parte de ningún organismo judicial en relación a su vinculación a Odebrecht, a excepción de tres requerimientos de información recibidos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de los que no se considera pueda derivarse ningún perjuicio para el grupo", indicó.
La compañía recibió estos requerimientos en octubre de 2016, en noviembre de 2017 y, el último de ellos, el pasado 15 de enero.
En sus respectivas respuestas a la CNMV, FCC y Ferrovial describen las políticas y medidas implementadas para luchar contra la corrupción.
MEDIDAS
Ferrovial explica que su política anticorrupción "parte de los principios generales del Código de Ética Empresarial y establece el principio de tolerancia cero hacia cualquier práctica que pueda ser calificada como corrupción o soborno, tanto activo como pasivo".
Además, asegura tener "medidas específicas para evitar o reducir significativamente el riesgo de corrupción". También pone a disposición de empleados y directivos un Canal Ético para denunciar "con las máximas garantías de confidencialidad cualquier hecho presuntamente irregular o delictivo".
De su lado, FCC dispone de un Código Ético "que recoge el compromiso de la empresa con el cumplimiento estricto de las leyes aplicables en sus ámbitos de actuación y que sirve como herramienta clave para guiar las actuaciones de sus empleados en distintos ámbitos como el control interno, la prevención del fraude y la corrupción y el compromiso con el mercado".
Además, en 2017 aprobó su política y sistema de cumplimiento penal, que recogen su "compromiso con la tolerancia cero hacia cualquier tipo de incumplimiento relacionado con la corrupción y el soborno". FCC también cuenta con un canal de comunicación confidencial, "en el que los empleados tienen la obligación de comunicar prácticas contrarias al código ético de las que sean conocedores".