En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, que ayer solicitó hasta 80 documentos relativos a la gestión del Popular a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), así como informes de riesgos sobre la entidad realizados por sus competidores desde 2017, concreta cuál debe ser el contenido del trabajo de los peritos.
El trabajo de Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, expertos designados por el Banco de España, explicó ayer el magistrado, debe anteceder a las declaraciones de los investigados, entre los que se encuentran los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho.
Según el documento conocido hoy los peritos deben determinar si el folleto de la ampliación de capital de 2016 y la información contable allí expresada ofrecía una imagen fiel de la entidad y estaba "libre de cualquier tipo de manipulación o deformación".
Asimismo, deben verificar la razonabilidad de las hipótesis para la estimación de posibles pérdidas por importe de 2.000 millones de euros incluidas en el citado folleto, y valorar los principales movimientos de la información financiera de los ejercicios 2016 y 2017.
También deben elaborar un informe sobre la suficiencia de los recursos propios y de las ratios de capital, así como la evolución las causas de la resolución de la entidad, y sobre los resultados del banco en os ejercicios de evaluación de la solvencia del sector bancario desde 2012.
El magistrado requiere información sobre si los precios obtenidos por la venta de sociedades participadas, ramas de actividad y participaciones accionariales en otras entidades en 2016 y 2017 se ajustaron o aproximaron a los valores contables de las mismas, y un dictamen sobre la adecuación de la política de remuneraciones.
Del mismo modo, solicita un informe sobre el cumplimiento de la normativa de préstamos a partes vinculadas, y una descripción pormenorizada sobre la estructura, el modelo de negocio y la evolución del banco en los años precedentes a la resolución.
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