Según consta en la memoria anual de la entidad cántabra, Santander estimó en 680 millones de euros el coste "por potenciales compensaciones a los accionistas de Popular" tras su resolución, de los que 535 millones se aplicaron al bono de fidelización que Santander emitió a finales de 2017.

Precisamente, esta acción de compensación, dirigida a determinados accionistas minoristas de Popular, tenía un coste máximo de 680 millones de euros, si bien el bono logró una adhesión del 78,8%, por lo que el coste final que asumió Santander fue de 535 millones.

Acogerse al bono de compensación implicaba renunciar a emprender acciones legales contra el banco cántabro. De este modo, los accionistas que cumplían las condiciones para suscribir el bono y no lo hicieron podrían presentar una reclamación contra Santander.

Los 680 millones en cuestión se incluyeron en las provisiones por valor razonable de 1.816 millones de euros con las que contaba Popular a 7 de junio de 2017, pero el banco incide en que esta valoración razonable es "provisional", dada la "complejidad" de tasar Popular tras su resolución.

En cualquier caso, Santander explica en su informe anual que el resultado de los procedimientos judiciales en relación con la resolución es "incierto", pues la intervención de Popular carece de precedentes judiciales tanto en España, como en los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

"Hay que considerar que el resultado de los procedimientos judiciales es incierto, en particular, en caso de reclamaciones de condenas dinerarias por una cuantía indeterminada, las que se fundamentan en cuestiones jurídicas sobre las que no existen precedentes judiciales, afectan a un gran número de partes o respecto de las cuales el proceso se encuentra en una fase muy preliminar", reza el texto.

No obstante, Santander asegura que, con la información disponible, ha estimado de "forma fiable" las obligaciones asociadas a cada procedimiento judicial derivado del curso normal de sus negocios.

A 31 de diciembre de 2017, Santander contaba con provisiones por 6.615 millones de euros, de los que 316 millones están destinados a la cobertura de contingencias de naturaleza fiscal, legal o litigios. Por su parte, Popular tenía provisionados al cierre del ejercicio fiscal 1.112 millones de euros, de los cuales 17 millones son 'cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes'.

Por otro lado, el grupo Santander estima que el riesgo máximo asociado a las cláusulas suelo de Popular, empleando el escenario más severo y no probable, asciende a unos 900 millones de euros sin tener en cuenta las devoluciones realizadas.

EL ERE COSTARÁ 248 MILLONES

La memoria de la entidad también muestra que el coste del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará en el marco de la integración de los servicios centrales de Santander España y Popular, proceso que prevé la salida de 1.100 trabajadores mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, es de 248 millones de euros.

"Banco Santander y Banco Popular alcanzaron un acuerdo con losrepresentantes de los trabajadores para implantar un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas al que se espera se acojan 1.100 empleados durante el mes de enero de 2018, ascendiendo la provisión constituida para cubrir estos compromisos a 248 millones de euros", explica.

Finalmente, Santander logró cubrir el 98,2% del ERE mediante adscripciones voluntarias, por lo que solo tuvo que acometer 20 despidos forzosos. La mayor parte de las salidas corresponden a Popular, que verá su plantilla reducida en 769 personas, mientras que los 331 trabajadores restantes son del banco cántabro.