En una comunicación a la CNMV, Acciona se ha referido así a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulo el procedimiento de adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.

Ayer el Supremo desestimó los recursos de la Generalitat y de Agbar, pero falta que se resuelva el presentado por Acciona, que según esta compañía está fundamentado "en motivos distintos a los planteados en estos recursos".

No obstante, Acciona constata que la sentencia del Supremo ha confirmado "la anulación de la adjudicación del contrato de gestión" de ATLL.

Sin embargo, Acciona recuerda que en virtud de las condiciones de la licitación, ATLL Concesionaria "viene obligada a continuar prestando el servicio hasta que se abone el importe de la compensación prevista" en el pliego de condiciones y en el texto refundido de la ley de contratos del sector público, y "se firme el acta de retorno de los bienes y derechos afectos al servicio público".

La Generalitat, necesitada de fondos para reducir su déficit público, sacó a concurso la gestión de la empresa ATLL en 2012 por un período de 50 años.

Al proceso se presentaron dos ofertas, las lideradas por Acciona y Agbar. El Govern valoró con más puntos la opción de Acciona y acabó adjudicando la gestión a un consorcio en el que también participaba el banco de inversión brasileño BTG Pactual (con un 39 %, igual que Acciona) y las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

La Generalitat recibió entonces del consorcio ganador un total de 298,6 millones, pero se apuntó contablemente 1.000 millones, es decir, todos los ingresos esperados durante los 50 años de duración de la adjudicación.

Este revés judicial puede obligar a la Generalitat a devolver de entrada aquellos casi 300 millones que se embolsó en 2012, a falta de determinar si Acciona solicitará ser indemnizada por el lucro cesante.