En concreto, el pasado 16 de noviembre la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria, que en junio de 2017 ya había iniciado un procedimiento de recuperación de las ayudas, notificó a la energética una liquidación tributaria por importe de 576 millones de euros de cuota y 89 millones de euros de intereses de demora.

No obstante, el pago de esta liquidación se encuentra suspendido en aplicación del auto del presidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado 24 de noviembre, que resolvió suspender la obligación de recuperación de la ayuda hasta la fecha del auto que ponga fin al procedimiento de medidas provisionales, que se encuentra abierto.

En su informe financiero anual, Iberdrola, que disfrutó de estas bonificaciones en la compra de la escocesa Scottish Power y la estadounidense Energy East, considera que la efectiva recuperación de estas ayudas que son reclamadas por la Agenda Tributaria, en caso de producirse, sería provisional, quedando a expensas de los resultados definitivos de los recursos planteados.

En concreto, la compañía presentó en 2015 un recurso de anulación ante el TGUE contra la conocida como 'tercera decisión', por la que Bruselas pedía a España que recuperara estas ayudas.

Además, la compañía señala que, en su opinión y en la de sus asesores en esta materia, es probable que la 'tercera decisión' sea anulada por los tribunales europeos.

AYUDAS PARA LA COMPRA DE EMPRESAS EN EL EXTRANJERO

La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se acogió a estas ayudas, incluidas en el artículo 12.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Real Decreto 4/2004, que permitía que la amortización fiscal del fondo de comercio -la diferencia entre el valor en libros de la compañía y el precio pagado por ella- de las empresas adquiridas en el extranjero.

Iberdrola no fue la única empresa que se valió de estas ayudas y que están así en el punto de mira de la Agencia Tributaria. También gozaron de estas bonificaciones compañías como Telefónica, con la compra de O2; Banco Santander, con Abbey National; o Ferrovial, con BAA, entre otras.

Sin embargo, en 2007 la Comisión Europea decidió incoar un procedimiento de investigación formal de esta medida fiscal para analizar si era compatible con el mercado interior.

En 2009 y 2011, Bruselas publicó dos decisiones, las conocidas como 'primera' y 'segunda decisión', que estimaban que el artículo del real decreto era una ayuda de Estado incompatible con el mercado único y que se debían reintegrar los beneficios obtenidos y dejar de aplicarse en el futuro, si bien las amortizaciones deducidas y la aplicación a futuro de la medida fiscal podían mantenerse en el caso de adquisiciones realizadas o acordadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2007, como era el caso de Iberdrola.

En octubre de 2014, la Comisión Europea publicó una 'tercera decisión', en la que dio un vuelco al asunto y pidió a España que recuperara las ayudas.

Sin embargo, en noviembre de 2014, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló las dos decisiones anteriores al considerar que la deducción prevista en el artículo del real decreto no era una ayuda, pero la propia Comisión Europea recurrió el fallo y, logró que entrase en vigor la 'tercera decisión'.

Las compañías afectadas volvieron a solicitar la anulación de las sentencias, aunque en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió los recursos a favor de la Comisión Europea. No obstante, aún falta conocerse el resultado de los recursos presentados.

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