Serra, que ha comparecido hoy ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario y fue nombrado presidente de la entidad en 2005, ha explicado que la legislación catalana "señala repetidamente" que el presidente no tiene carácter ejecutivo, capacidad que está reservada al director.

La advertencia que hizo "discretamente" un año después de incorporarse a la caja incluía la "conveniencia de iniciar un cambio de rumbo, lo que implicaba nombrar a un nuevo equipo ejecutivo"; la propuesta no se justificaba en la previsión de una posible crisis que en el 2006 ni él "ni nadie auguraba".

Pero basándose en los buenos resultados "los beneficios en 2005 ascendieron a 269 millones de euros y la previsión para el año 2006 era cercana a los 350 millones", y también en las dificultades de llevar a cabo estos cambios con el consenso necesario, "estas instituciones consideraron más conveniente esperar e intentar que fuera el director quien corrigiera el rumbo".

Serra ha defendido que España estaba mejor preparada que otros países europeos dadas las medidas regulatorias que se habían puesto en marcha, "más que suficientes para la mala mar de una crisis convencional, pero lo que se produjo con la recaída del 2011, no fue mala mar si no un gran 'tsunami' para el que no valían ni estos ni mayores niveles de protección".

En aquel momento, tras su advertencia, el Banco de España estaba realizando una inspección de la entidad y "era prudente" esperar a sus resultados; estos se conocieron en enero de 2007, y en su informe el organismo efectuaba varias recomendaciones, entre ellas no otorgar hipotecas por encima del 80 % del valor del inmueble y aumentar las provisiones en 22,3 millones de euros.

También mostraba su preocupación sobre la evolución de la morosidad, sobre la liquidez y sobre el volumen de créditos destinados a la actividad promotora.

Serra se ha referido a la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).

Sobre las operaciones con esta filial, ha relatado, el Banco de España no proponía cambios organizativos ni de actuación, pero sí recomendaba "que los órganos de gobierno tengan un perfecto conocimiento de ellas".

En una reunión con el director de Supervisión del Banco de España celebrada en febrero de 2007, Serra le explicó que "la mejor solución era ir desmontando Procam", al tiempo que arguyó que el resultado de la inspección justificaba un cambio de rumbo de la caja y de su equipo directivo.

Pero su sugerencia no fue atendida, y el Banco de España insistió en mantener al director y sostuvo que "era suficiente" con cumplir sus propias recomendaciones.

El proceso de fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, "las tres primeras cajas que se fusionaron en España", fue "modélico", ha reiterado, con la total colaboración de los órganos de gobierno y una fusión de los equipos ejecutivos con criterios de capacidad profesional.