Según el despacho Sanguino Abogados, que representa a la asociación, la denuncia se amplia contra el Banco Santander para que la Audiencia Nacional investigue si esta entidad pudo tener información privilegiada, frente a otros potenciales compradores, al adquirir el Banco Popular por un euro.
Asimismo, se han solicitado nuevas diligencias de prueba para el esclarecimiento de los hechos.
La referida denuncia, que tiene como objetivo depurar las responsabilidades penales y resarcir los daños patrimoniales que han sufrido los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, ya fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional el pasado octubre.
Entonces, la denuncia estaba formulada contra el Banco Popular SA, sus máximos responsables y directivos (Ángel Ron, Roberto Higuera, Pedro Larena y Emilio Saracho) y PwC, que actuó como empresa auditora de las cuentas del Banco Popular.
Según la fuente, la asociación agrupa en estos momentos a más de 300 miembros, mayoritariamente accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, aunque también se han integrado todos aquellos accionistas que transmitieron sus títulos antes de la venta del Banco y que por ello también sufrieron fuertes pérdidas.
Los afectados que forman parte de esta asociación suman unas inversiones en acciones, bonos o de deuda subordinada del Banco Popular que superan los 100 millones de euros.
Los casos más abundantes son empresas que suscribieron la última ampliación de capital, normalmente a crédito y con préstamos concedidos por el Banco Popular, con la única finalidad de cubrir la ampliación, obligados para no perder sus líneas de circulante.
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