En un auto fechado el pasado viernes, el titular del juzgado central número 4 aclara que "son miles los perjudicados" y se han personado, en representación de muchos de ellos, hasta 58 procuradores; asimismo, destaca el "considerable número de querellados", 27 hasta ahora.
Para llevar a cabo la instrucción prosigue Andreu, será preciso llevar a cabo "pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen", para lo cual , habrá que analizar y estudiar "una muy abundante documentación", motivos todos ellos suficientes ara declarar la causa compleja.
En junio del año pasado la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones; esta operación, ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), ha dado a lugar a una avalancha de demandas de grandes y pequeños inversores, tanto en España como en el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, para tratar de recuperar su inversión.
A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
Entre las querellas admitidas destacan las presentadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC), la empresa Estel Ingeniería y Obras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el abogado Felipe Izquierdo.
Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro.
A comienzos de marzo, la Audiencia Nacional paralizó la tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución del banco, hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.