En la Memoria de Supervisión Bancaria publicada hoy, el organismo se refiere a la resolución en junio del año pasado del Banco Popular, que fue adquirido por el Banco Santander al precio de un euro.

El documento explica que a lo largo de 2017 y hasta su resolución en junio, el Banco Central Europeo (BCE), a través del equipo conjunto de supervisión encargado de la supervisión continuada hizo "un seguimiento muy cercano de la entidad".

En febrero de 2017, la entidad anunció pérdidas para el cierre de 2016 por valor de 3.500 millones de euros, un resultado que dio lugar a una revisión a la baja de su calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, lo que a su vez generó "mayor inquietud entre sus accionistas y clientes".

De ello se derivó un grave deterioro de la cotización bursátil y de su base de depósitos, que terminó afectando a la liquidez disponible, a pesar de las medidas adoptadas.

Todo ello llevó al BCE a determinar que la entidad era incapaz, "en un futuro cercano", de atender el pago de sus deudas u otras obligaciones financieras en la fecha de su vencimiento, por lo que se declaró su inviabilidad el 6 de junio de 2017.