"El que contamina, paga". Esa es la premisa sobre la que la Comisión de Expertos sobre la Transición Energética propone una revisión del modelo fiscal español para lograr los objetivos comprometidos con la Unión Europea en materia de cambio climático. 

El grupo de expertos, que ha presentado este lunes su trabajo al Ministerio de Energía después de meses de trabajo, considera que el modelo fiscal español es deficiente y que es necesario reformarlo para sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales. 

En este escenario, las simulaciones que ha hecho la Comisión apuntan a un abaratamiento de la electricidad de casi un 7% para el consumidor doméstico y un encarecimiento del gas y los derivados del petróleo, especialmente el gasóleo, que subiría un 28,6%. La gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones en los precios, señala el informe, son coherentes con la necesidad de electrificar la economía "para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual". 

Para la implantación de esta medida, los expertos marcan tres restricciones con el afán de que afecte lo menos posible a la economía: evitar que se deslocalice la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre colectivos sensibles como agricultores o profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las Administraciones; y no incrementar la presión fiscal. A estos colectivos sensibles se les compensarían los mayores costes durante el período de transición.

Eliminar los sobrecostes de las renovables

El capítulo fiscal del informe hace también una revisión de los costes que se cargan actualmente a través de la factura eléctrica. Según los expertos, es necesario también “sacar” la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).

Asimismo, propone que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A). 

Mantener las nucleares 10 años más

Según el informe, el gas natural jugará un papel muy relevantante en 2030, pero su peso se reducirá en 2050 ya que para entonces se espera que la generación sea exclusivamente renovable: eólica, fotovoltaica, hidráulica y apoyada en las nuevas tecnologías de almacenamiento que se desarrollen. Debido a esto, apuntan los expertos, es necesario "reflexionar sobre las inversiones que sea necesario acometer en los próximos años y que no pudieran disponer de un plazo suficiente para su recuperación". 

Sobre la extensión de vida de las nucleares, el informe señala que si las plantas se cierran cuando cumplan los 40 años -algo que ocurrirá en los primeros años de la próxima década-, "con la actual rentabilidad del fondo que gestiona Enresa y la tasa que pagan las empresas titulares de las instalaciones, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos", una situación que no se produciría "simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años". 

El cierre de las nucleares elevaría un 20% sobre el precio del mercado eléctrico (entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año); haría que las emisiones de CO2 del sector eléctrico se duplicarían; no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% al 30,6%); y exigiría invertir en potencia firme adicional ya que el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia en determinadas condiciones podría caer a 0,86, siendo el objetivo un 1,1.

El carbón desaparece del mix en 2030

Respecto al polémico cierre del carbón, los expertos ven que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio previsto del CO2 de 50 euros por tonelada, la participación del carbón en el mix de generación sería nula, por lo que se prevé su desaparición para el año 2030.

Hibernación de centrales

La comisión de expertos aborda un tema que las eléctricas ya han puesto sobre la mesa: la puesta en marcha de mecanismos de capacidad para garantizar la recuperación de los costes fijo y como la posibilidad de hibernar centrales de generación. 

Aunque haya plantas que hoy puedan ser "redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad". "Mantener hibernadas esas centrales puede ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años". 

Además, se propone el desarrollo de una regulación específica que impulse la generación distribuida y que haga posible agregar recursos distribuidos (gestión de la demanda, generación y almacenamiento).

Revisión de los peajes y autoconsumo

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso "para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara" respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes.

Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva de modo ineficiente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

"Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala", apunta Sanz.

Por esta razón, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Bono social, a cargo de los presupuestos

La Comisión propone extender la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares a través de un Bono Social Energético. La financiación se haría a través de los Presupuestos. 

Además, estiman necesario garantizar la protección contra el corte de suministro a todos los consumidores vulnerables, no solo a los severos, siempre que se prevengan "comportamientos oportunistas", con la colaboración de todas las administraciones competentes.