Más de seis meses y 26 reuniones. Ese ha sido el tiempo que ha tardado el grupo de 14 expertos en la transición energética en entregar un "ambicioso" informe de más de 500 páginas cuya utilidad real dependerá del fruto del debate político. Desde la cartera que dirige Álvaro Nadal se valora positivamente que una de sus conclusiones sea que España está en posición para cumplir con los objetivos medioambientales comprometidos en Bruselas pero subrayan, sin embargo, que hay medidas propuestas que trascienden a sus competencias, por lo que es necesario comenzar a debatir para tomar unas decisiones que, en todo caso, se aplicarán de forma gradual.

El comité de sabios de Energía, designado por el Gobierno y los grupos políticos el pasado verano y cuyo trabajo ha sido dirigido por el ex director general de Política Energética con el Gobierno del PSOE Jorge Sanz, propone en su informe abordar una reforma fiscal con objetivos medioambientales.

Parten de una premisa: el diseño actual del sistema fiscal energético "podría suponeruna asignación ineficiente de los recursos", lo que dañaría al bienestar general. Falta internalizar los costes ambientales de cada producto energético y armonizar los impuestos que se han ido descolgando en cada Comunidad Autónoma. 

En esta reforma los expertos proponen, por un lado, crear un impuesto sobre la emisión de CO2 y aumentar los tributos que ya cargan el uso del diésel, la gasolina y el gas natural; por otro, eliminar del recibo de la luz los conceptos que no tienen relación directa con la generación de electricidad y que hacen frente los consumidores, trasladándolos a los Presupuestos Generales. 

Eliminando de la factura de la luz estos costes, los aproximadamente 10.800 millones de euros asociados a políticas energéticas pasadas teniendo en cuenta las primas a las renovables, el déficit tarifario y los costes de generación extrapeninsular, se lograría un abaratamiento del recibo de un 6,8%, sostiene el informe.

Pero estos costes no desaparecen. Al trasladarlos a los Presupuestos hay que buscar una vía para financiarlos y aquí entran en juego dos factores: por un lado, el nuevo impuesto a las emisiones de CO2 -una alternativa que en otros países de la UE ya está en marcha-, y el aumento del precio del gasóleo de automoción de un 28,6%, de la gasolina en un 1,8% y del gas natural en un 5,8%; por otro, sería necesario aumentar el IVA general de todos los productos entre 1,1 y 1,3 puntos, lo que elevaría el tipo a entre 22,1% y 22,3% dependiendo del escenario.

"La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo", aseguran fuentes de Energía. En el Ministerio ven "lógico" avanzar de forma gradual en esta senda de la imposición medioambiental, pero reconocen que, con implicaciones más allá de su ámbito, e impuestos que tocan a las Autonomías, es algo complicado. "Es un punto de partida para una discusión que hay que tener y equiparar a España a otros países en el ámbito medioambiental", señalan fuentes del ministerio.

Tal y como plantea el informe este alza en los precios de los carburantes, se trataría de proteger a los colectivos más golpeados, como los agricultores y transportistas, con compensaciones económicas durante un periodo de transición. Pero de momento, la patronal de transportistas de mercancías por carretera Fenadismer ya ha rechazado el "brutal" aumento del precio del gasóleo por considerar que supone "desconocer la realidad del sector", tanto en su contribución al medio ambiente como en su fiscalidad.

La batería de recomendaciones de este 'Análisis y propuestas para la descarbonización', entregado este lunes al ministro Nadal, serán remitidas al Congreso donde se debatirán en el seno de la comisión de energía.

Fuentes ministeriales han urgido a iniciar pronto la discusión con el objetivo de alcanzar pronto consenso en temas clave y poder plasmarlos en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima que debe presentarse antes de que acabe este año.